“Kiko» Vega, gobierno sordo y represor….
Expediente Político
Por.- Alfredo Calva
No podía ser la excepción el gobierno que encabeza Francisco “Kiko» Vega de Lamadrid, de desembocar como todas las administraciones plagadas de corrupción e impunidad en la cerrazón, oídos sordos y la represión.
Durante su gestión “Kiko” Vega a transitado con un discurso de doble lenguaje y moral que con el paso de los años han erosionado a su gobierno, que en la recta final este se le desmorona y se cae a pedazos, negándose a escuchar los reclamos y exigencias de sus gobernados, que cansados de tantas pillerías cometidas y solapadas por el mandatario, buscan un freno a las mismas a través de las protestas y movilizaciones públicas.
La simulación de estar dispuesto su gobierno al dialogo con los ciudadanos inconformes para encontrar y construir los acuerdos necesarios que ayudaran a resolver los reclamos, especialmente en el ultimo año, finalmente se cansó de ésta y pasó de la a la represión.
Prueba de ello es la detención de León Fierro, activista de la organización llamada Mexicali Resiste, un ente que se opone a la construcción de la empresa cervecera en la capital del estado, y a las obras que se aprobaron y se pretenden llevar a cabo a través de la modalidad de las Apps, y que no son más que negocios disfrazados del gobernante, sus funcionarios predilectos y asociados del capital privado.
Y al igual que en la capital del estado en el asunto de León Fierro, el gobierno de Vega de Lamadrid, ha roto el dialogo que simuló tener con los residentes de Playas de Rosarito que se oponen a la construcción de una planta desaladora en su demarcación, bajo un esquema de hipocresía política obligada por la repulsa de los rosaritenses a la citada obra, mostrada el pasado día 23 de marzo, cuando el gobernador y su camarilla de socios llevaron a efecto el evento de la colocación de la primera piedra, lo que los obligó a las autoridades, estado y municipio, crear una mesa de dialogo.
En esta mesa de diálogo solo se han registrado dos reuniones en las que han asistido personal de CEA (Comisión Estatal del Agua), de la Secretaria General de Gobierno y de la Cespt, sin que personal dela empresa que construirá la obra, Aguas de Rosarito, se haya tomado la molestia de asistir, tal vez porque con lo que han desembolsado, consideran a los funcionarios públicos como sus empleados.
En estas reuniones los ciudadanos han tenido las mismas dos exigencias para con sus interlocutores, que se les entregue toda la documentación referente a la desaladora y, expliquen a detalle el porque aseveran empresa y funcionarios que no habrá daños al medio ambiente, ni contaminación, ni afectaciones para ciudadanos y municipio.
Solo que el gobierno se cansó de fingir interés en el dialogo y tomó la decisión de romper éste con los rosaritenses y el pasado lunes siete de los corrientes a través del delegado de la Secretaria General de Gobierno en Rosarito, Silvano Abarca Macklis, les informaron que no les harán entrega de ninguna información referente a la desaladora y que la obra se llevará a cabo, lo que hace suponer que “Kiko» Vega ha tomado la opción de ir por el camino de la represión, y al igual que en la capital del estado, fingirá proteger actuar en apego a la legalidad e inventara situaciones ilegales para detener, censurar y reprimir a quienes se atrevan a criticarlo en voz alta señalando sus acciones de corrupción.
La represión gubernamental llegó para quedarse en Baja California a través del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, su primer estocada fue con la detención de León Fierro, ahora se encamina hacia Rosarito a reprimir y eliminar a todos aquellos que se han atrevido a alzar la voz para dar a conocer sus oscuros intereses en la planta desaladora, los inconformes deberán actuar con inteligencia para no ser las nuevas víctimas de la espada flamígera del gobernador representada por el poder judicial, ente cuya independencia está supeditada a los caprichos del ejecutivo.
La represión apenas inicia.
Y mientras tanto….
El gobierno de Chihuahua impidió la “fuga» técnica que el gobierno federal pretendió llevar a cabo para trasladar a la ciudad de México, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, compadre de Manlio Fabio Beltrones y sus coacusados.