Necesario impulsar una representación sustantiva de las mujeres en la vida públic

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CDMX.- Las mujeres forman parte, predominantemente, de las llamadas comisiones suaves de la Cámara de Diputados asociadas a asuntos sobre familia, educación, cultura y salud, lo cual limita la creación de un capital político y las deja en desventaja respecto de los varones, advirtió la doctora María Fernanda Vidal Correa Aguayo, académica de la Universidad Panamericana.

 

Pocas veces ellas han presidido las comisiones duras en materia de energía, economía, obras, seguridad pública, presupuesto, hacienda, defensa y puntos constitucionales, por lo que es necesario incentivar una participación del sector femenino sustantiva y descriptiva en los órganos de toma de decisión.

 

Al participar en el Cuarto Foro Regional Sobre Derechos Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales  la investigadora refirió que en las últimas dos legislaturas las mujeres han presidido sólo 26 por ciento de las comisiones en la Cámara de Diputados, 30 por ciento en la mesa directiva y 12 por ciento como coordinadoras.

 

Si bien ahora hay más presencia femenina en la actividad política la parte intrínseca del funcionamiento de aquel órgano parlamentario sigue controlado por los hombres y es que “no es necesario sólo cumplir con las cuotas de género, sino derribar las barreras culturales, económicas y sociales que evitan mayor representación femenina”, dijo.

 

Durante la mesa 3 Perspectiva de género y democracia –moderada por el doctor Mario Armando Téllez González, profesor-investigador de la Unidad Cuajimalpa de la UAM– Vidal Correa Aguayo indicó que es necesario homogeneizar las normativas que impulsen la participación femenina en todos los ámbitos de la vida pública y en el local como regidoras, síndicas, presidentas municipales y diputadas locales.

 

La licenciada Ericka Escobar Bárcenas, perito en Psicología adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, subrayó que el principal reto que afronta la democracia mexicana es hacer visibles los aspectos en los que las ellas son menos favorecidas o reciben discriminación de género por razones políticas, culturales y sociales.

 

“Debemos aspirar a tener el 50-50 de participación equitativa, así como una democracia paritaria en la que si una mujer quiere ocupar un cargo público sea ejercido como un derecho fundamental y para alcanzar esa igualdad no sólo hay que cambiar las leyes, es esencial modificar lo más profundo de nosotros”.

 

Escobar Bárcenas aseveró que muchas féminas están siendo punta de lanza de diversos movimientos, pero continúan siendo espectadoras y en eso “no sólo la preparación profesional es suficiente, se debe tipificar la violencia de género como un delito grave, capacitar a los funcionarios públicos para que no lo hagan y pedir sanciones para en verdad provocar cambios revolucionarios”.

 

El licenciado Omar Alejandre Galaz, subdirector de gestión y operación de programas del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer a la comunidad universitaria los proyectos de la organización de la sociedad civil para la observación e identificación de actos de violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral 2017-2018 e invitó a participar proponiendo iniciativas para continuar abonando al tema.

 

El sistema internacional de igualdad de género vio su gestación en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo que obligó a los gobiernos a tomar medidas en beneficio de los grupos minoritarios y continuó en 1979 con la celebración de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

 

En el país se incluyó en el artículo 34 de la Constitución Federal en 1953 una visión inclusiva del sexo femenino y recientemente con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

En 2011 fue creado el Comité Técnico de Expertos en Materia de Género y no Discriminación como instancia de asesoría técnica del Consejo General del INE, aunque la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación adscrita a la presidencia del mismo fue suprimida con la reforma político electoral efectuada en 2014.

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