El interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer en la política migratoria

CDMX.- El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación consideran imprescindible que cualquier medida de política migratoria que tenga una afectación sobre la niñez y la adolescencia privilegie el interés superior de la misma, así como su derecho de prioridad. México ha definido los derechos humanos como eje de su Constitución General, y por ello considera inaceptables toda acción que vulnere a niñas, niños y adolescentes, y de más valor a su condición migratoria que a su dignidad humana.

En ese sentido y después de la firma de la nueva orden ejecutiva por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, para no separar a las familias de migrantes en la frontera, dichas instancias confían en que esa decisión se acatará con pleno respeto a los derechos humanos, pero manifiestan su gran preocupación por las afectaciones que ya han tenido los miles de niñas y niños, bebés incluso, que fueron separados de sus padres y madres los últimos dos meses. Evitar la repetición de los hechos es fundamental, pero también lo es tener claras y eficaces medidas para la reparación del daño causado.

En el proceso que viven quienes han sido afectados, y para evitar situaciones similares, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado que brindará proactivamente asesoría y apoyo a las familias de niñas, niños y adolescentes afectados, sean connacionales o de algún país de Centroamérica.

Asimismo garantizar la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes mexicanos que se encuentran a la espera de que sea resuelta su situación migratoria, y a quienes sean repatriados. Las instancias firmantes coadyuvarán en ello con la Cancillería mexicana.

Además, es obligación legal y compromiso ético evitar que cualquiera de esa prácticas u otras que vulneren los derechos de las personas que migran, se den en nuestro país. Es de enorme importancia que nuestra política migratoria se centre en los derechos humanos, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Por ello se fortalecerá la estrategia de articulación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, a través de sus sistemas y procuradurías de protección locales, de sus órganos antidiscriminación y de sus mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, para dar atención a la niñez y adolescencia migrante que llegue a México y se implementen planes de restitución de derechos, así como para hacer prevalecer su principio de prioridad.

También se impulsará el cumplimiento de los compromisos hechos el pasado mes de mayo por el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en relación a la Creación de Modelos de Acogimiento para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en cada estado, así como para que se fortalezcan las Procuradurías de Protección encargadas de darles atención y restituir sus derechos. Ambos compromisos deben cumplirse en breve en cada una de las entidades de la federación.

Reiteramos además el exhorto, para que el Congreso de la Unión apruebe la armonización legislativa de la Ley de Migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de que se garanticen plenamente sus derechos, se estandaricen procedimientos, y se cuente con todo el andamiaje legal necesario para que en nuestro país cada autoridad asuma su responsabilidad con esta población que vive alto grado de vulnerabilidad.

Asimismo, hacemos un llamado para generar un fondo financiero específico y fortalecer los presupuestos destinados a las Procuradurías de Protección de Niñez y Adolescencia, las cuales son las encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.

Para el INMUJERES, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y el Conapred la prioridad es poner en el centro que antes de ser extranjeros, migrantes o personas irregulares, las personas afectadas principalmente son niñas, niños y adolescentes, por lo que la responsabilidad del Estado mexicano es garantizar las mejores condiciones para el ejercicio de sus derechos con igualdad y no discriminación, independientemente de su situación migratoria. Nuestra responsabilidad es asegurar internamente todas las condiciones de respeto a los derechos humanos que exigimos cumplan los Estados Unidos de América.