Sanción a quien autorice construir en zona de riesgo: Nueva Alianza

CDMX.- Carlos Gutiérrez García, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se pronunció a favor de tipificar como delito a la conducta de todo aquel que construya, edifique o realice obras de infraestructura y/o autorice asentamientos humanos en una zona de riesgo sin haber elaborado un análisis previo.

En entrevista, el legislador aliancista aseveró que la construcción de viviendas en zonas de riesgo es un problema muy latente principalmente en los estados del sureste del país, donde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha señalado que hay poco más de siete millones de personas en esa situación.

Destacó que tan sólo en el estado de Oaxaca, 186 municipios de 570 que lo conforman, están considerados de alto riesgo en función de que durante los últimos 15 años, se han presentado inundaciones severas, según registros del Atlas Estatal de Riesgos, elaborado por el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC).

El también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología acotó que además de estos, “138 municipios se encuentran en igual condición de riesgo, dado que se encuentran a una altura que rebasa los 2 mil metros sobre el nivel del mar y eso provoca heladas y temperaturas muy bajas en la temporada invernal”.

Por ello, el diputado por Quintana Roo refirió que presentó una Iniciativa para reformar el artículo 416 del Código Penal Federal en materia de Vivienda durante el último periodo ordinario, a fin de sancionar a las personas que construyan o, en su caso, otorguen permisos para construir en zonas de alto riesgo, sin haber elaborado un análisis de riesgos ni definir medidas para su reducción.

“La construcción de viviendas e infraestructura en zonas de riesgo es un problema añejo y constante en todo el país, que tiene sus raíces en la corrupción de quienes otorgan los permisos, a pesar de saber las consecuencias. La corrupción está inmersa en la vida de millones de mexicanos, pero causa un mayor impacto cuando atenta y pone en riesgo directamente la integridad física de las personas”, subrayó.

Apuntó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 28 millones 607 mil 568 viviendas en México se ubican en distintos asentamientos irregulares. Asimismo, que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) indica que hay más de 5 millones de viviendas ubicadas en lugares irregulares, mismas que incrementan en 90 mil cada año.

Derivado de ello, comentó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho una recomendación para lograr una mejora en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos, “la cual incita a nuestro país a crear mayor congruencia entre la gestión de riesgos, la planeación territorial y el desarrollo urbano, así como la adaptación al cambio climático”.

Gutiérrez García agregó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha expuesto que los fenómenos naturales ponen a prueba la infraestructura productiva y social del país, dejando al descubierto el desorden urbano y territorial que es producto de la construcción de asentamientos, infraestructura o viviendas en lugares indebidos.

“Para Nueva Alianza la seguridad de los individuos es primero. Es insoslayable combatir la corrupción en esta materia, por ello debemos incrementar sanciones contra funcionarios públicos, supervisores y directores de empresas con responsabilidad comprobada, por la afectación en edificaciones que resulten en pérdidas humanas y costos materiales evitables”, concluyó.