CDMX.- La organización internacional ambientalista Costa Salvaje interpondrá una demanda internacional en contra del gobierno de Baja California, encabezado por el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por la contaminación en el litoral mexicano y estadounidense que provoca la descarga de aguas negras de una planta de Tijuana.
Desde hace años, el agua negra y pestilente cae como cascada a través de una de las alcantarillas de descarga pluvial de la planta de tratamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana al río Tijuana, que contamina a su vez la costa del Pacífico no sólo de México, sino también de Estados Unidos. El tema ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil, e incluso diversas ciudades fronterizas de Estados Unidos han demandado a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ante los derrames de aguas residuales y le han pedido investigar el flujo proveniente del Río Tijuana.
En entrevista con Reforma, Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje informó que se empezó el proceso de una demanda internacional para defender los derechos humanos de los usuarios desde el corredor Tijuana-Playas de Rosarito, en México, hasta Coronado en California, Estados Unidos.
Semanario Zeta documentó en 2017 que pese a los 138 millones de pesos invertidos en forma emergente para rehabilitar la obsoleta infraestructura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no han sido suficientes para frenar del todo las descargas de aguas residuales, las cuales continúan vertiéndose tanto al Río Tijuana como a la costa del Pacífico.
La planta de Punta Bandera recibe de 750 a mil litros por segundo de aguas negras, misma cantidad que debería ser descargada a las playas de la costa del Pacífico después de ser tratada, pero ante el ineficiente equipo de la planta, el líquido fluye hacia el mar aún contaminado. Esta planta capta el 50 por ciento del agua residual de Tijuana y Playas de Rosarito.
El Río Tijuana no es el único afectado con la contaminación que genera la descarga de aguas negras, también las playas de Tijuana han registrado altos niveles de contaminación.
La organización Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental informó que desde la primera reunión ordinaria del Comité de Playas Limpias de este 2018, que se llevó a cabo el pasado 20 de marzo, se declaró que las playas de San Antonio del Mar, al sur de Tijuana, no se encuentran “aptas para recreación acuática”. Indicó que no se recomienda meterse a nadar en la zona ante los altos niveles de contaminación bacteriológica detectados.
La organización publica periódicamente los resultados del monitoreo de la calidad de agua a través de su aplicación #TijuanaWaterkeeper. La aplicación alerta constantemente a los ciudadanos sobre si las playas son aptas o no para nada. En el mapa destacan las playas de San Antonio del Mar con la siguiente leyenda: “No cumplió con los estándares de calidad del agua”.
El pasado 27 de junio, la organización Costa Salvaje anunció que informaron al Gobernador Kiko Vega que preparaban dos demandas: la de violaciones a los derechos humanos internacionales de los usuarios del océano, y otra acción colectiva por daños a la salud de los usuarios del océano en el corredor costero Rosarito a Playas de Tijuana.
Un día después, Vega de Lamadrid aseguró que los derrames de agua negras al mar son “ocasionales, sobre todo cuando hay lluvias”. También indicó que el Gobierno federal y de su entidad tienen interés en resolver el problema y reconoció que es un problema “serio” el tema de la infraestructura hídrica de Tijuana.
“No se ha concluido la tercera etapa del Río Tijuana, en la que tenemos en un canal de tierra ahí tenemos un problema mucho muy serio, es un problema de corte nacional porque rebasa la capacidad del estado”, dijo en su momento.
EU PIDE ANALIZAR AGUAS DE RÍO TIJUANA
En marzo pasado, autoridades de San Diego se unieron para entablar una demanda en contra de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés), ante “los derrames de aguas residuales en curso que causan el cierre y enferman a la gente en Imperial Beach”, flujo por el que ya han exigido a CILA estadounidense, investigar las aguas residuales provenientes del Río Tijuana.
Fueron las autoridades del Distrito Portuario Unificado de San Diego y la Ciudad de Chula Vista, quienes el 2 de marzo anunciaron que se unían “a la Ciudad de Imperial Beach en demandar a la agencia federal para detener el flujo de desechos tóxicos y aguas residuales, desde el Río Tijuana al Océano Pacífico”, exigiéndole que su homóloga mexicana explique por qué no se han frenado los derrames de agua sin tratar.
El alcalde, Serge Dedina ya había interpuesto una denuncia ante CILA americana en noviembre de 2017, acción que la dependencia en mención no atendió.
“Los derrames de aguas residuales en curso causan el cierre de playas y enferman a la gente en Imperial Beach; son un desastre ambiental y humano que está empeorando con 28 cierres de playas desde el 1 de enero -de 2018-”, informaron en un comunicado.
Serge Dedina dijo que esta nueva demanda se presentó “como último recurso”, al tiempo que alentó a otras comunidades y organismos interesados a unirse “para encontrar una solución permanente a los que podrían ser las peores violaciones ambientales en curso, en Estados Unidos”.
Recordó que durante años han estado trabajando para coordinarse con las autoridades mexicanas correspondientes para que se corrijan estas violaciones “y tomen medidas rápidas para detener y tratar la contaminación del agua que fluye a través de sus instalaciones en el Río Tijuana”.
Por su parte, Dan Malcolm, comisionado del Puerto de San Diego, dijo que todos los residentes del condado de San Diego se ven afectados por la contaminación del Río Tijuana, “porque daña nuestros activos costeros compartidos”.