Amargo Quinto Informe de Gobierno: PRD BC
TIJUANA.- Hoy vemos, con enorme expectación, los anuncios en los que la administración estatal asegura estar gobernando “con el corazón”, sin embargo, también escuchamos el crujir de los miles de corazones rotos de las familias bajacalifornianas que han perdido algún ser querido en la ola de sangre y violencia en la que nos encontramos envueltos.
Durante los últimos cinco años, Baja California ha decrecido de manera alarmante en temas de vital importancia para la ciudadanía; la paz social ha sido perturbada en niveles que nos recuerdan al brutal año 2008, tenemos una economía familiar cada vez más endeble, así como una opacidad en la administración pública en lugar de una entidad al servicio de los bajacalifornianos.
Con tristeza y decepción, en el PRD Baja California vemos cómo esta administración, llamada en un principio a ser histórica por acciones positivas, se ha convertido en un lastre tanto en forma como desde fondo.
Los reclamos de la sociedad civil y de la ciudadanía en general no pueden, ni deben, ser ignorados por el gobierno ni por otra entidad política; el hartazgo es demasiado y justificado.
Los tiroteos ensordecedores en los cinco municipios dejan apenas de sonar cuando comenzamos a escuchar las justas quejas y dudas respecto a la honradez en el manejo de los recursos estatales.
El desgaste es evidente y la falta de resultados positivos también. Resulta claro que los compromisos de campaña quedaron solo en eso, tanto para la gente como para sus otros partidarios y aliados.
Desde el Comité Directivo Estatal del PRD exhortamos al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, así como al Congreso del Estado, a realizar, cuando menos en la recta final de sus encargos, acciones que se antojan urgentes para detener la espiral descendente (en todos los temas) en la que hemos entrado como entidad.
Usen su facultad constitucional y envíen a la brevedad una iniciativa de reforma al marco normativo penal federal para que la posesión de arma de fuego sea considerada un delito grave; de nada sirven las protestas airadas ante los medios sin las acciones correspondientes.