Linchamientos: de Canoa a las redes sociales
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TAL CUALLuis Carlos Rodríguez González
Este año, el 14 de septiembre, se cumplen 50 años de Canoa, donde cinco jóvenes alpinistas de la Universidad Autónoma de Puebla acudieron a la ciudad de San Miguel Canoa con el propósito de escalar el volcán Malintzin.
Era el año de 1968 y muchos sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica, veían en cualquier manifestación o presencia juvenil el fantasma del comunismo. El párroco local por medio de las campanas de la iglesia llamó a la población y acusó sin motivo a los jóvenes de ser comunistas. La población ignorante, con una fe ciega hacia el religioso, decidió lincharlos golpeándoles con machetes y palos.
50 años después en el país parece que nada ha cambiado. Hoy ya no se usan las campanas de las iglesias para llamar a la población, a la turba a terminar con la vida de alguien a quien sin motivo se les acusa lo mismo de robar niños, de abusar de menores o simplemente de ser un ladrón o delincuente.
Los linchamientos en el país se multiplican como hongos de impunidad al final de este sexenio. Algunos acusan al llamado Sistema Penal Acusatorio por liberar a delincuentes. Otros a la corrupción e ineptitud policiaca. Nada justifica la justicia por propia mano de una turba de pobladores que se dejan llevar por rumores, por información falsa vías las redes sociales.
Lo peor es que en algunos casos las propias autoridades alientan los linchamientos al emitir información falsa. Autoridades de Morelos corrieron la especie de bandas dedicadas a extorsionar. El resultado: La primera semana de agosto fue linchado en Tetela del Volcán un colombiano que trabaja en una empresa dedicada a otorgar préstamos.
A finales de agosto dos hombres fueron quemados vivos en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla, por una turba que los acusó de ser “robachicos” y secuestradores. Las víctimas de 53 y 21 años se dedicaban a labores del campo. Una turba de unos 150 pobladores los sacaron de la cárcel local y por medio de redes sociales transmitieron en vivo y festejaron con aplausos la barbarie. La policía como siempre en estos casos quedó rebasada.
Horas después, en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, pobladores quemaron vivos a una pareja a la que acusaban de robar menores. Ambos fallecieron. También las redes sociales sirvieron para incitar a los pobladores. Todo ello en una región donde el robo de combustibles es el pan de cada día.
La Real Academia Española (RAE) define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en el país, teniendo una mayor incidencia en los estados del centro y sur.
Esta expresión de justicia por propia mano se asocia a los siguientes delitos: 50% por robo; 16.2% por atropellamiento y otros accidentes viales; mientras que entre 6 y 7% por denuncias de violación, asesinato o secuestro. El promedio del número de linchamientos anuales en las últimas décadas ha sido de 32 a escala nacional.
Obviamente esas cifras están rebasadas. La impunidad, la corrupción sumado con nuevos modos de comunicación como son las redes sociales han convertido al fenómeno de los linchamientos en un espectáculo en redes sociales que llama, incita y transmite en tiempo real la barbarie, los linchamientos.
Y que con ello coloca o equipara a los pobladores de cualquier rincón de México al nivel de los peores criminales que mutilan, queman, golpean y asesinan a extraños por el sólo hecho de sospechar o acusarlos de un delito. En la era digital estamos igual o peor que lo ocurrido en Canoa hace 50 años. Tal Cual. www.theexodo.com
Fuentes del gobierno estatal confirmaron a Animal Político que una de las personas murió luego de que la comunidad decidiera prenderles fuego y otra permanece hospitalizada.
no tienen nexos con ningún delito, según la investigación preliminar, informaron el jueves las autoridades estatales.