Caso CECYTEBC: Ex funcionarios estuvieron presos ilegalmente
Antonio Heras
Mexicali.- La denuncia del Gobierno de Baja California por peculado y desvío de recursos de más de 55 millones de pesos en un supuesto caso de corrupción en el CECYTE resultó infundada para el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Contencioso Administrativo pues nunca probaron desvío de recursos ni peculado.
Con base en una auditoría financiera de la Contraloría del Estado de cuatro años ya revisados por el Órgano Superior de Fiscalización y aprobados por el Congreso local, hace casi una década, en marzo 2009, el gobierno anunció daño patrimonial de seis servidores públicos.
Sin embargo, en juicios independientes por la naturaleza penal y administrativa, al valorarse las pruebas de la Dirección de Auditoría Gubernamental determinaron pir separado que eran insubsistentes para emitir incluso una sentencia o una sanción administrativa.
El caso de los seis involucrados se concentró en el expediente 127/2009 del Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial de Baja California; cinco han sido absueltos penalmente y solo el del exdirector Juan Carlos Jiménez Payán se mantiene en proceso a pesar de ser las mismas pruebas que se desvanecieron en otros juicios por infundadas y en lo administrativo se ordenó la reinstalación a su centro de trabajo.
AUDITORÍAS EXPRESS
Pese a la aprobación en el Congreso del Estado de las cuentas públicas de 2005 a 2008 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, la Dirección de Contraloría del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán realizó una auditoría en la que concluyó que había daño patrimonial total de 55 millones de pesos por lo que inició procedimientos sancionatorios por desvío de recursos públicos y dio vista a la Procuraduría General de Justicia de Baja California por la presunción de delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y uso de facturas apócrifas.
El director de Auditoría Gubernamental José María Armendáriz incluyó en su acusación al director general del CECYTEBC, José Carlos Jiménez Payán, a la directora de Administración y Finanzas Josefa Morales González, al director de Planeación e Infraestructura Mario Antonio Rivas Rangel, a la jefa de Recursos Humanos Bhavany del Carmen Aguirre Ponce, al jefe de Adquisiciones y Servicios Bernardo Ibarrola Zazueta y al jefe de Recursos Financieros Juan Francisco Torres Ávalos, quien recientemente falleció.
Los tribunales administrativos y penales determinaron la inocencia de los involucrados por desvanecimiento de pruebas por lo que sus expedientes fueron destruidos. En otras palabras, la auditoría gubernamental de la Contraloría del Estado nunca presentó pruebas fehacientes del desvío de recursos publicos y, por ende, de peculado.
En un litigio la valoración de pruebas implica la absolución de toda culpa del imputado y se infiere que las acusaciones fueron infundadas para comprobar su responsabilidad en algún ilícito. En el ámbito administrativo existe una figura similar: pruebas insuficientes.
La contadora Josefa Morales fue detenida el 17 de mayo de 2009 en la garita de Calexico cuando llevaba a su madre a un doctor de California. Luego de estar presa por cuatro años -lapso en el que falleció su mamá- un juez ordenó su libertad absolutoria el 21 de marzo de 2013.
En este litigio a punto de concluir toda vez que hay un caso pendiente, el de
Jiménez Payán detenido la noche del 13 de marzo de 2009 en el sótano del edificio del Poder Ejecutivo cuando se dirigía a una reunión convocada por el secretario General de Gobierno José Francisco Blake Mora. Los agentes ministeriales ya lo esperaban agazapados en el elevador del gobernador.
PRUEBAS INVENTADAS
Mario Rivas fue declarado inocente de los delitos que le imputó la Auditoría Gubermsnrbtal del Gobierno de Baja California y lo exoneraron de la sanción administrativa por supuedto desvío de recursos.
El Tribunal de Justicia Superior de Baja California determinó la