Guardia Nacional: La militarización obligada
Ricardo Ravelo/sinembargo.mx
CDMX.- Para enfrentar el complejo entramado criminal que atenaza al país, el gobierno federal no tiene otra alternativa más que militarizar las tareas de seguridad. De ahí la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por comenzar a reclutar a jóvenes entre 18 y 30 años para que formen parte de la Guardia Nacional, proyecto que –asegura el presiente –resolverá el problema de inseguridad y violencia.
Esto resulta muy ambicioso porque ningún gobierno del mundo –ni en ninguna etapa de la historia –ha derrotado a la mafia.
En Italia el gobierno luchó contra los mafiosos, amos del poder político y económico, pero después de varios años los capos ahí siguen. La guerra fue cruenta; el saldo, sangriento. Todavía duelen las muertes en ese país, insuperable la tragedia.
En Colombia los mafiosos llegaron al poder desde los años sesenta, el narcotráfico pagaba las campañas de los presidentes, las chequeras abiertas para ganar impunidad, el efectivo corría, libre, para comprar conciencias. Al fin gobierno de mafiosos, las balas suplieron a las palabras y la guerra entre narcos rompió por años lo habitual de la vida cotidiana.
Más tarde, en el país sudamericano los mafiosos se dieron cuenta que el territorio ya resultaba invivible hasta para ellos. Y llevaron a cabo las reformas –legales y sociales –para combatir al narcotráfico, el flagelo que corrompió al país, pero nada cambió en el negocio de las drogas.
Todo siguió igual. Colombia sigue siendo el país exportador de drogas que siempre ha sido, pero ya no tiene la violencia de alto impacto que los dio a conocer como la nación más violenta del Continente, incluso del mundo.
Y México,¿ Hacia dónde va?
En pocos días seguramente el Congreso aprobará el proyecto de la Guardia Nacional, con las adecuaciones a la Constitución, para hacer frente al problema de la inseguridad y la violencia. Pero nada garantiza que con este cuerpo militar el país deje de ser el paraíso de los capos.
Los cuerpos militares en tareas de seguridad nunca han sido eficaces en la Seguridad Pública, pero no existe, por ahora, otra alternativa: el país no tiene policías, pues los que operan, en su mayoría, están ligados al crimen. El camino es militarizar.
Las experiencias de los tres últimos sexenios –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –fueron desastrosas en materia de combate al crimen y exhibieron al Ejército no sólo por sus yerros en el combate criminal sino por sus excesos de fuerza, irreparables las violaciones a los derechos humanos que se les atribuyen.
Ahí está la lista de muertes y desapariciones, achacadas a las Fuerzas Armadas, durmiendo en los archivos de las procuradurías estatales, instancias federales y organismos defensores de los derechos humanos, el reclamo permanente sin justicia alcanza también a las Cortes internacionales.
Con sus elementos en las calles, patrullando hasta el último rincón del país, la violencia se extendió por todas partes obligando a centenas e incluso a miles de familias a desplazarse por miedo a perder la vida. Empresarios menores y grandes huyeron de las zonas más violentas –Coahuila, Durango, Chihuahua, entre otros estados, son ejemplos de numerosos destierros obligados –y cerraron sus negocios porque el Estado mexicano simplemente fue incapaz de garantizarles no sólo el patrimonio sino la vida, el derecho humano más violado en México.
Esta orgía sexenal de militarizar las tareas de seguridad en el país comenzó en el sexenio de Ernesto Zedillo formalmente, el presidente que hace algunas semanas reconoció sus yerros en el combate al crimen organizado. Se le olvidó decir que durante su gobierno hubo pactos entre altos funcionarios de su administración y algunos cárteles de la droga, el que encabezaba Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, fue uno de ellos.
Entre los años de 1994 y 2000, entre la crisis económica y la inseguridad, navegó el sexenio gris de Zedillo. Ahí comenzó a instrumentarse el plan de utilizar a los militares en el combate a la inseguridad pública, rebasadas las autoridades civiles por el crimen.
Un golpe que sacudió al gobierno fue la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.
En febrero de 1997 se descubrió que el militar servía a los intereses del cártel de Juárez, que esta organización criminal, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, financiaba parte de la lucha antidrogas para que Gutiérrez Rebollo golpeara la estructura del cártel de Tijuana, rivales acérrimos de Carrillo Fuentes.
El vínculo de Rebollo con Carrillo no era nuevo, se sabía que estaban relacionados desde que Rebollo encabezaba la V Región Militar de Jalisco. ¿Ignoraba el Ejército tal complicidad? Quizá no. Era parte del negocio oficial, pero su detención fue producto de una discrepancia interna, también se dijo que hubo presión política por parte del gobierno norteamericano.
Zedillo optó por un civil para sustituir a Gutiérrez Rebollo –quien estuvo avalado por el gobierno de Estados Unidos –y la responsabilidad recayó en Mariano Herrán Salvatti, quien había sido subprocurador de procesos de la antigua procuraduría capitalina, mentor de Marisela Morales, exprocuradora General de la República, más tarde apresado por presuntos nexos con el narcotráfico, delitos que lo sumieron en el desprestigio y con los que cargó hasta su muerte.
Zedillo no cambió su plan de militarizar el país: propuso sellar la frontera con militares, colocó a altos mandos en las delegaciones de la PGR más sensibles, localizadas en las zonas violentas, y poco a poco se les fue entregando el control de la seguridad. Este proyecto tuvo un costo muy alto para el país: en 1997 aparecieron en la escena pública “Los Zetas”, eran militares de élite reclutados por el narcotráfico, un bloque militar se pasaba del lado de los criminales y comenzaron a controlar el estado de Tamaulipas.
Era la primera vez que un cártel –en este caso el del Golfo –cobraba mayor poder con un brazo armado paramilitar, violento como ningún otro, poderoso hasta el máximo límite posible, temible por sus prácticas de muerte, la decapitación, sin duda, fue la más horrorosa.
El proyecto de Zedillo fracasó: su gobierno terminó embarrado por la corrupción del crimen organizado y hasta la fecha carga con la sospecha de que su administración protegió los intereses del cártel de Juárez, cuyos miembros –según consta en el llamado Maxiproceso –estaban presuntamente relacionados con funcionarios del gobierno federal.
Vicente Fox echó mano de un militar –Rafael Macedo de la Concha –para que ocupara la titularidad de la PGR. Durante su periodo nada extraordinario sucedió en materia de seguridad, las matanzas continuaron en todo el país, los capos huían de los territorios –previo aviso oficial –cada vez que las Fuerzas Armadas realizaban operativos.
Sin embargo, la militarización avanzó, altos mandos del Ejército, profesores de varios de los miembros de Los Zetas, pasaron a ser titulares de las procuradurías estatales, se pensaba entonces que contar con un militar en ese cargo era garantía de respeto y de eficiencia. Pero todo resultó un fiasco. Ocurrió todo lo contrario. Las violaciones a los derechos humanos fueron aumentando hasta convertirse en un tema internacional.
Y cuando Felipe Calderón arribó a la presidencia de la República se dio el paso a un proyecto más ambicioso: combatir al crimen con Operativos Conjuntos encabezados por las Fuerzas Armadas, el más grave error que hasta ahora se ha cometido, ya que los cárteles jamás fueron combatidos, por el contrario, se fortalecieron tanto que terminaron internacionalizándose.
En este periodo, México pasó a ser un exportador de violencia e inestabilidad en toda la región. Los cárteles del Golfo, Los Zetas, Tijuana, entre otros, enviaron a sus representantes a varios países del Continente, Colombia, Costa Rica y Argentina, entre otros, para operar el transporte de drogas y precursores químicos –Efedrina, principalmente — que, según su logística, entraban a México por Cuba y Guatemala, también arribaban al Pacífico por Michoacán, éste último territorio está controlado por seis cárteles.
Enrique Peña Nieto siguió en parte esta estrategia fallida, su gobierno permitió que el narcotráfico y sus capos asumieran el control de alcaldías y varios gobernadores, según investigaciones federales, se ligaron al crimen con la complacencia del presidente, pues llegó a ser lo normal en el poder político. Con sorna reiterada se afirma que la corrupción y la impunidad se convirtieron en una política de Estado.
El Senado de la República documentó que el 80% de los alcaldes del país están relacionados con alguna modalidad criminal; que las policías –el 90% –sirven a los intereses mafiosos y por esa razón no pueden trabajar por la seguridad del país.
El presidente López Obrador había planteado en campaña que iba a retirar al Ejército de las calles, pero tras ser electo sostuvo una reunión con los titulares de Sedena y Marina y al conocer el diagnóstico del país tuvo que retirar su promesa y rectificar asumiendo que las Fuerzas Armadas debían seguir al frente de las tareas de seguridad.
De ahí el proyecto de crear la Guardia Nacional, que no es otra cosa más que la militarización completa del país, como ningún otro presidente lo ha hecho.
Como ya se anunció, se trata de una estructura conformada por efectivos de la Marina, Sedena y Policía Federal, con mando único militar.
Esto quiere decir que el presidente López Obrador se la juega y por completo con las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad y la violencia durante su sexenio, de ser aprobado el proyecto en el Congreso, como todo indica que así sucederá. Tiene la mayoría aplastante para lograrlo.
Se trata de los mismos soldados, marinos y policías que ya fracasaron en los tres últimos sexenios. Son los mismos porque no existen otras Fuerzas Armadas.
Lo que no se ha dicho todavía es cómo se combatirá el narcotráfico más allá de los planes de liberar el uso de las drogas, insuficiente como medida para enfrentar la emergencia nacional, la violencia y la ola criminal que azota al país.
Aquí surgen varias preguntas para el presidente López Obrador: ¿Qué pasará con los cárteles y las relaciones de políticos con capos y lavadores de dinero? ¿Qué destino tendrán los personajes de la política con antecedentes públicos de estar relacionados con grupos criminales? ¿Y los capitales ilícitos? ¿Y la red mafiosa que opera en las 49 aduanas del país? ¿Y los narcoalcaldes?
¿La Unidad de Inteligencia Financiera realizará investigaciones sobre el patrimonio de la delincuencia organizada en el país para asegurar esos bienes ahora que urge tanto el dinero en México? ¿Se investigará o ya se está investigando dónde y quienes lavan el dinero sucio en México? ¿Estas tareas serán parte de los trabajos que realizará la Guardia Nacional? ¿Se está decomisando el patrimonio del cártel de Los Huachicoleros? ¿Es verdad que le van a pegar a todos? ¿Por qué no se lanza una operación para quitarle el dinero sucio a políticos (gobernadores, alcaldes, diputados, senadores) relacionados con la delincuencia organizada? ¿Se está frenando el tráfico de drogas por puertos, aeropuertos y aduanas?
No se podrá con todo, eso es cierto. López Obrador recibió –y ahora gobierna –un país de mafiosos, muchos intocados, que ahí siguen cobijados por el manto de la impunidad.
Pero a pesar de este escenario tan adverso, López Obrador se la juega con un proyecto militar. Sin eso, la gobernabilidad del país no se puede garantizar.