¿Crisis de Seguridad Nacional en la Frontera con México?
TIJUANA.- ¿Existe una crisis de seguridad en la frontera con México que amerite la Declaratoria de Emergencia Nacional de parte del Presidente Trump? Si consideramos los antecedentes en materia de tráfico de drogas, sí existen las condiciones. En especial por el aumento de tráfico y consumo de cocaína, heroína y metanfetaminas en los últimos diez años en Estados Unidos y que en la frontera con México ocurren cerca del 60 % de los decomisos de esas drogas y un aumento importante de muertes por sobredosis con cocaína.Además, los Presidentes Obama y Clinton presentaron declaraciones de emergencia similares por la influencia de organizaciones criminales internacionales y del narcotráfico, respectivamente, en territorio estadounidense.
En materia de migración, no existen las condiciones para tal Declaración, considerando la disminución de la migración irregular hacia Estados Unidos de cerca de 400 mil migrantes a un promedio anual de 100 mil migrantes en estos dos últimos años; producto del fortalecimiento del control fronterizo desde los años noventa. En cambio, si se analiza la Declaratoria desde una crisis humanitaria y, en especial, por las familias o migrantes centroamericanas que llegan a la frontera en situación irregular y solicitando asilo, sí ha existido un aumento en los últimos dos años.
La Constitución de Estados Unidos establece que no se puede desviar dinero alguno desde el Departamento de Tesoro sin una ley del Congreso, pero una ley de 1976 autoriza al Presidente a arrogarse poderes especiales en casos de Declaraciones de Emergencia Nacional.
El Presidente Trump ha decidido firmar el acuerdo con el Congreso de reabrir la administración federal este 15 de febrero y que ha afectado a cerca de 800 mil empleados federales, pero a la vez declarar una emergencia nacional para obtener fondos para el muro fronterizo sin pasar por el Congreso. El presidente podría fundamentar la reorientación de recursos para el muro bajo dos leyes: una de 1986, que permite al secretario del Ejército, detener proyectos civiles durante una emergencia declarada y redirigir tropas y recursos para realizar construcciones militares; y otra de 1982, en donde se argumenta que en caso de emergencia, se puedan iniciar esos mismos proyectos militares con fondos avalados por el Congreso, pero sin destinarse aún a proyectos específicos (El País, Internacional, 15 febrero 2019)
El Senado avaló el acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas con una amplia mayoría, 83 votos a 16, y la Cámara de Representantes, con 300 votos a favor 128 en contra. Entre los elementos del acuerdo están un presupuesto de 1.375 millones de dólares para 88 kilómetros de “vallas” y “barreras”, de un total de 345 kms solicitados por la administración Trump. Adicionalmente, se aprobaron mejoras en la vigilancia en la frontera, más agentes para patrullar y ayuda para los migrantes detenidos en Estados Unidos. Con ello, el Congreso pretende avanzar hacia un sistema de inmigración más humano (sic). El costo global de construir el muro se estima en cerca de 25.000 millones de dólares y lo que el presidente Trump reclamaba en este paquete legislativo era una partida de 5.700 millones.
En las próximas semanas apreciaremos demandas judiciales de parte del propio Congreso de EE.UU y de organismos civiles estadounidenses para cuestionar la legalidad de la Declaratoria y sus repercusiones, bajo un contexto en que el control migratorio es más eficaz en la frontera con Estados Unidos, mientras que el control antidrogas ha tenido limitaciones de reducir el aumento tanto de la oferta como de la demanda de drogas ilícitas. De ahí que un reto de política pública es fortalecer una eficaz gobernanza de los flujos migratorios y de drogas y con ello avanzar hacia la Frontera del Siglo XXI (mayor seguridad y agilidad en los cruces fronterizos).