Antonio Heras
MEXICALI.- A 100 días de la jornada electoral, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja Calufornia Estado ordenó al Instituto Estatal Electoral que publique una nueva convocatoria en la que establezca que el periodo de la gubernatura se amplía de dos a cinco años.
En la reforma electoral publicada el 17 de junio del 2014, los integrantes de la XXI Legislatura modificaron el artículo 44 de la Constitución local para reducir el periodo de la próxima gubernatura, alcaldes y diputados a 2 años 10 meses para empatar los procesos electorales locales y federales con el objetivo de reducir los costos de las elecciones, además de lograr una mayor participación en las urnas ya que en seis años había cinco comicios y esa «saturación» se refleja en un abstencionismo del 70 por ciento.
En la sesión del TEPJBC celebrada la noche de este domingo, los magistrados electorales dejaron sin efecto las modificaciones a la Constitución local plasmadas en el artículo Octavo Transitorio.
Bajo el argumento que se violan los derechos fundamentales de los candidatos con un periodo de dos años, con un voto en contra, los magistrados Leobardo Loaiza y Jaime Vargas resolvieron que el próximo gobernador inice su periodo el 1 de noviembre de 2019 y concluya en 2024.
De esta manera el TEPJBC dictamimó proteger los derechos de Blanca Estela Favela Dávalos, quien solicitó a su vez el registro como precandidata al gobierno estatal por Morena, a pesar que omitió recurrir a la Comisión de Justicia de ese instituto político para impugnar la convocatoria de candidato único.
En ambos casos (MI-18-2019 y MI-21-2019) los presentó la misma abogada al considerar que son actos que violan de forma directa e inmediata su derecho humano a ser votada, y el ponente fue el magistrado Leobardo Loaiza.
Favela Dávalos es esposa de Víctor Morán, diputado de Morena que solicitó y antes operó infructuosamente en el Congreso local la ampliación del periodo de gobernador de dos a cinco años. Después, en enero de 2019, pidió licencia a su curul por la invitación que le hizo Jaime Bonilla, delegado de Programas Sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Baja California y virtual candidato al gobierno estatal, para hacerse cargo de la coordinación federal de Seguridad Ciudadana en la entidad en la que estuvo dos meses para ahora buscar la reelección legislativa local por Morena.
La votación
La sesión fue interrumpida por media hora por activistas que reclamaron directamente a los magistrados que la medida que estaban ordenando generaría mas costos económicos y políticos a los bajacalifornianos al reducir el periodo del próximo gobernador. «Ustedes recibieron instrucciones de (Jaime) Bonilla para modificar el periodo pues solo a él le conviene pero a nosotros los ciudadanos nos costará 126 millones de pesos», increparon los inconformes
La presidente del organismo electoral Elva Regina Jiménez Castillo votó en contra del proyecto al considerar que la resolución «excede las facultades de control normativo del Tribunal, y violenta los principios de certeza y reserva de ley».
Advirtió que con la reforma electoral del 2014 no se vulneró ningun derecho humano, por lo que resulta excesivo el modificar el periodo del proximo titular del Ejecutivo ya que, sostuvo, también se vulnera la actividad legislativa del diputado.
Tras calificar la justificación de sus dos compañeros magistrados como «una norma general abstracta e impersonal que incide en la configuración normativa del Congreso», Jiménez Castillo aseveró que la modificación a la convocatoria del IEE afectará al proceso electoral ya que los partidos politicos y la ciudadanía deben conocer con antelación y claridad las reglas de la elección antes de iniciado el proceso electoral (9 de septiembre de 2018).
El magistrado Loaiza señaló que se cumplió en lo legal con la actividad parlamentaria en su discusión, aprobación y publicación de la reforma que reduce el periodo a dos años, pero que al asistir a la persona que impugnó llegó a la conclusión que sí hay un agravio de constitucionalidad porque se afectan los derechos políticos de votar y ser votada por el periodo que establece la Constitucion Federal para el cargo de gobernador, el cual es de seis años.
Indicó que la resolución no se contrapone al principio de certeza porque no constituye una modificación fundamental a leyes electorales y al proceso mismo de los comicios.
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«No perjudica a los actores políticos, al contrario los beneficia. Además el plazo de dos años resulta insuficiente para las políticas públicas del gobierno del estado», expuso.
El TEPJBC notificará este lunes al IEE para que haga una adenda a la convocatoria de las elecciones con la que se manifieste que el periodo del gobernador será de cinco años, aunque no se fijó una fecha para que el organismo electoral haga los cambios y publique la nueva convocatoria.
Esta resolución judicial podría ser impugnada durante los proximos cuatro dias.