Alberga Tijuana y Mexicali, antes de acuerdo Mx-EU, a 5 mil centroamericanos retornados en espera de sentencia de juez de migración estadunidense
Alberga Tijuana y Mexicali, antes de acuerdo Mx-EU, a 5 mil centroamericanos retornados en espera de sentencia de juez de migración estadunidense
Antonio Heras/LINDERO NORTE
Mexicali
En albergues de la sociedad civil y cuarterías de las ciudades fronterizas mexicanas de Baja California duermen y coexisten más de 5 mil hombres y mujeres centroamericanos inscritos en el Programa Migración Segura instrumentada de manera unilateral por el gobierno de Estados Unidos desde el 29 de enero de 2019 y ahora inscrito en un acuerdo bilateral ante la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos.
Los migrantes se encuentran en albergues que administran organizaciones de la sociedad civil, ante la ausencia de espacios para estos fines de los tres órdenes de gobierno. A la eliminación del fondo de migralidad del gobierno federal para 2019 se suma la saturación de albergues, la falta de recursos financieros y de condiciones de infraestructura para atender este fenómeno que se incrementará los próximos días.
El Instituto Nacional de Migración (Inami) dio a conocer que hasta el 7 de junio, día en que se firmó el acuerdo bilateral que incluye el tema migratorio, había en Tijuana el registro de 4 mil 033 personas en espera de la sentencia judicial en Estados Unidos. En esta antesala también se estima que encuentran alrededor de mil 500 centroamericanos en Mexicali, según la Dirección de Asuntos Migratorios del gobierno de Baja California que advierte que los números oficiales se encuentran en la delegación de Inami.
Con este acuerdo bilateral firmado el 7 de junio en Washington por el gobierno de Estados Unidos y México se espera en las próximas horas retornen a México -frontera por la que cruzaron- aquellos centroamericanos que solicitaron asilo político y refugio humanitario a la administración Trump y cuyos casos se encuentran en cortes estadunidenses.
Se trata de integrantes de caravanas de migrantes que realizaron su periplo en 2018 con asesoría de abogados y organizaciones estadunidenses, la mayoría con sede en California.
Protocolo de Protección a Migrantes
El 29 de enero de 2019, Seguridad Nacional estadunidense dio a conocer la instrumentación del Programa de Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), con base en la sección 235 de su Ley de Migración y Nacionalidad, donde se estableció de manera inicial que por la garita de San Ysidro, California, se regresaría a los peticionarios de asilo político para que permanecieran en Tijuana hasta en tanto un juez federal resolviera su situación migratoria.
Argumentó en ese momento que los centros de detención migratoria en ese país se encontraban saturados por aquellas personas que litigaban su petición para obtener los beneficios migratorios estadunidenses.
La mañana del 30 de enero un primer migrante, hondureño de 65 años de edad, cruzó la frontera para abordar una camioneta del Inami para su traslado a un albergue local. Apenas 42 días después, el 13 de marzo, Tijuana perdió la exclusividad del retorno de centroamericanos pues se sumó Mexicali, capital de Baja California.
Ahora el acuerdo bilateral señala que alrededor de 8 mil personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua estarán en esta frontera a partir de esta segunda semana de junio, en tanto en albergues de Baja California se atienden a estos migrantes centroamericanos al igual que a mexicanos que deportados de Estados Unidos.
LA OTRA MIGRACIÓN
Para los defensores de derechos humanos de migrantes existe una migración silente, a la que se hace invisible por ser desplazados de sus lugares de origen por la violencia que sufren en varios puntos de México.
Desde agosto de 2013, organizaciones de la Coalición Pro Defensa del Migrante identificaron ese fenómeno relacionado con la migración en la frontera norte de México, particularmente en Tijuana: los migrantes internos desplazados.
A partir de ahí, decenas de migrantes, especialmente mujeres y niños, dijeron haber huido de Michoacán y Guerrero para solicitar asilo en Estados Unidos, dado que los gobiernos de sus comunidades no garantizan el derecho a la seguridad. Algunos forman parte del ejército de migrantes que les ha sido denegado el asilo por el gobierno de Estados Unidos y otros apenas llegaron para intentar acudir a las oficinas de migración.
Los primeros de este éxodo llegaron con cartas y documentos testimoniales de la violencia en sus comunidades y su propia historia en La Ruana, Buenaventura, La Huacana y Zamora en Michoacán y Tecpan de Galeana y tierra caliente en Guerrero.