Amenaza de bomba en los tribunales encuadra en el delito de terrorismo
Octavio Fabela Ballinas/EBC
TIJUANA.- El edificio que alberga a los juzgados civiles en esta ciudad detuvo su actividad ordinaria por espacio de una hora y media debido a que por quinta ocasión en el año y la segunda en siete días hubo de ser desalojado ante una amenaza de bomba que resultó ser falsa. En ninguno de los casos se ha iniciado investigación sobre el origen de las alertas apócrifas pese a que esta conducta encuadra en el tipo penal del delito de terrorismo, aseguran abogados.
En los hechos ocurridos la mañana del viernes 5 de julio, se reportó al 911 que en los Juzgados Civiles de Tijuana había sido dejado un maletín con una aparato explosivo, por lo que se solicitó el apoyo a las autoridades, quienes arribaron al lugar a las 9:30 de la mañana para evacuar el inmueble y se retiraron una hora después, confirmando que sólo había sido una falsa alarma.
El director de Protección Civil, Uriel Manzanares, informó que esta es la segunda amenaza que se da en este mes. Detalló que se evacuaron a las 450 personas que se encontraban dentro, para dar paso a la entrada de los agentes caninos del K9, con quienes la policía municipal buscó algún indicio de explosivos, sin que se detectara algún artefacto que pudiera causar explosión.
“En 2018 tuvimos tres amenazas en todo el año, a finales del segundo semestre del año; este año llevamos dos, a veces varían, al iniciar los trabajos a las 9:00 de la mañana y en otra ocasiones a las 3:00 de la tarde, cuando están por finalizar sus actividades”.
Por su parte, el presidente del colegio de abogados Emilio Barraza, Jorge Escárcega, denunció que este tipo de amenazas lo único que están ocasionando es un retraso a las audiencias y afectación a los interesados, ya que podría haber repercusiones económicas millonarias, debido a que, en los casos donde hay multas por intereses, estos seguirán aumentando, explicando que algunas audiencias tendrían que esperar en volver a darse hasta por tres meses.
Instó a las autoridades del Juzgado Civil para que refuercen los mecanismos de seguridad y el sondeo con cámaras de vigilancia para que se pueda detectar a los responsables, y por otra parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que no ha resuelto los otros cuatro casos previos de amenaza que se han reportado en el mismo lugar, también, mencionó que es importante dar con quienes son los responsables de este tipo de llamadas reportando amenazas y aplicarles las sanciones estipuladas en el artículo 320 bis del código penal, en el que se indica que el responsable podría ser encarcelado con una sentencia de entre tres meses y tres años.
En tanto el presidente del Consejo de Vigilancia de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, Miguel Ángel Ordaz, lamentó que no se ha presentado una investigación que indague en estos casos, y por ende no existen resultados en lo absoluto respecto al tema ya que la conducta podría encuadrarse en el delito de terrorismo, por lo que la PGJE no necesita de denuncia para iniciar una carpeta de investigación.
Aseguró que con una hora que se detengan las actividades en los Juzgados Civiles, Ordaz comentó que muchas cosas se ponen en pausa, como audiencias que incluso podrían perderse o aplazarse, lo que causa un efecto dominó que termina por retrasar eventos programados que ya tienen mucho tiempo en espera.