Octavio Fabela Ballinas/EBC
TIJUANA.- Las obras para la edificación del megaproyecto Zócalo 11 de Julio se encuentran detenidas por los tres amparos interpuestos por el uso de suelo y porque se tienen problemas para conseguir el financiamiento del proyecto que rebasa los mil millones de pesos. Los asuntos judiciales esperan terminarlos en un par de meses y el financiamiento sería mediante el esquema de concesiones.
En entrevista luego de su exposición ante el grupo 21, Raymundo Arnaiz comisario del Patronato 11 de julio y Raúl Mendoza secretario del mismo aseguraron que en dos meses terminarán los tres juicios de amparo que son los que provocaron que se detuvieran los trabajos cuando tenían un avance del 15 por ciento y una inversión que ronda los 300 millones de pesos.
“Ha sido el mismo abogado el que ha presentado todos los amparos, han sido cinco en total, los dos primeros ya se resolvieron” aseguró Raymundo Arnaiz quien asegura que el Patronato como tal no cuenta con un equipo legal para que atienda los asuntos en los tribunales, además de que el Zócalo es un proyecto del gobierno del Estado.
Además de los recursos legales el Patronato debe resolver el financiamiento para la continuación de los trabajos, para ello existen tres vías una, que el Gobierno Federal asuma por completo el costo que sobrepasa los mil millones de pesos, otra que se formalice una Asociación Público Privada lo que ya no es posible debido a que el Estado ya superó su capacidad para esta figura y la tercera es la de las concesiones de espacios en el proyecto, la cual ven como más viable.
“Debido a que los gobiernos de los estados abusaron de la figura de las APPs, el gobierno federal fijó un tope pues mediante esta figura se excedieron de pues no se cuantifica como deuda, ahora el Gobierno de Baja California está en el límite y no es posible formalizar una nueva empresa de este tipo” explicó el secretario Raúl Mendoza.
Los trabajos de construcción del Zócalo 11 de julio llevan más de tres años detenidos y de acuerdo con los integrantes del patronato que acudieron a la sesión del Grupo 21, se han invertido cerca de 300 millones de pesos de los más de mil que son necesarios. Los recursos legales argumentan que el uso de suelo es equivocado, situación que es negada por los representantes del patronato.