Defiende Amador Rodríguez Lozano la reforma de BC porque rectifica un «enorme y grave fraude electoral»
Antonio Heras/Lindero Norte
TIJUANA.- La reforma es totalmente legal, y está lejos de cualquier interpretación por lo que la gubernatura será de cinco años, señaló Amador Rodríguez Lozano al tiempo de señalar que la acción de los diputados y los ayuntamientos en 2019 fue rectificar ese “enorme y grave fraude constitucional” que le hicieron los diputados de 2014 al estado de Baja California al aprobar una reforma que recortó de seis a dos años el periodo del gobernador.
El Congreso local modificó el período porque consideró fundamental hacer la modificación con base en varios criterios, sobre todo porque el 2 de junio se votó quién sería el titular del Poder Ejecutivo y no el periodo del gobernador, dijo quien será secretario general de Gobierno en la administración Bonilla.
Cabe señalar que esta reforma solo modificó el periodo de gobernador, por lo que los bajacalifornianos saldrán a las urnas a elegir a cinco alcaldes y 25 diputados en junio de 2021, toda vez que sus periodos se acortaron un año para hacer concurrentes los comicios locales con los federales.
Rodríguez Lozano, quien coordinó la campaña de Bonilla Valdez y es el encargado de la transición gubernamental con el equipo designado por el gobernador Francisco Vega, advirtió que en 2014 “sucedió algo aberrante en el estado de Baja California, sorpresivamente y casi en lo oscurito, el Congreso del aquel tiempo dominado por el PAN y el PRI” decidieron que en las elecciones de 2019, el periodo del gobernador solo durara dos años lo que violentó el procedimiento para reformar la Constitución local.
Se trató de “una reforma amañada, donde los ayuntamientos -parte fundamental para aprobar una reforma electoral- no fueron notificados correctamente” ya que en Tecate le entregaron los documentos de la reforma a una afanadora, mientras que en Ensenada y Playas de Rosarito a la primera secretaria que encontraron y no a la sindicatura.
En Baja California existe la afirmativa ficta, que significa que si en un mes no responden los ayuntamientos se considera aprobada, pero los diputados de 2014 fingieron notificar a los ayuntamientos y nadie contestó porque nunca se entregó la documentación, “pasó el mes y se declaró aprobada una reforma que nadie conoció, que nadie protestó, que nadie criticó, a pesar del enorme daño que le hacía al estado”.
Tras advertir que la mayoría de los críticos de esta reforma son miembros o simpatizantes de partidos políticos que perdieron la elecciones de 2018 y 2019, Rodríguez Lozano recordó que previo a la elección los diputados locales iban a rectificar ese error, pero se apersonó en Baja California el dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés, para amenazar a los legisladores panistas no solo de expulsarlos sino que “les caería a ellos toda su furia”.
Señaló que Morena ni sus aliados estuvieron de acuerdo en el periodo de dos años y en dos ocasiones los tribunales le dieron la razón a los impugnantes; en marzo del 2019 se modificó el periodo a cinco años y estaba vigente cuando Jaime Bonilla se registró como candidato a gobernador, aunque cinco horas después de su registro volvieron a cambiar el periodo a dos años y por ello impugnó el cambio, “pues le generaban un grave daño al estado y a él le violaba su derecho político a ser candidato por cinco años”.
Sugerir o insinuar que se está “sobornando” a los diputados para reformar la Constitución del Estado es una falta de respeto a la autonomía, a la inteligencia y a la capacidad política de quienes integran la Legislatura local y además va en contra de la congruencia moral del gobernador electo, contestó al señalamiento que le hizo el abogado y académico Daniel Solorio, integrante del movimiento Mexicali Consciente.