Ampliación de gubernatura, debilita a Bonilla y es anticonstitucional: catedrático

Octavio Fabela Ballinas/EBC
TIJUANA.- Si bien el Congreso del Estado es el único facultado para reformar las leyes locales, no puede decidir sobre el resultado de una elección bien realizada como la que ganó Jaime Bonilla por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional deberá dar marcha atrás a la reforma que además de no prosperar está debilitando al mismo gobernador electo, consideró Mario Herrera Zárate, doctor en derecho Constitucional y catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California.
Sobre la determinación de la XXII Legislatura de modificar el periodo de gobierno, explicó que los diputados confundieron pues Baja California es un estado federado y no una república autónoma, por lo que los cambios que realizan en las leyes y la Constitución local no pueden ser contrarios a lo que establece la Carta Magna que en varios de sus artículos define que los gobiernos son electos por el voto de los ciudadanos, que se convocan a través del Instituto Electoral Local y los diputados no tienen facultades para modificar lo ya votado por la población.
“Es una transformación violatoria de la Constitución de la República, porque transgrede el principio democrático establecido en la Constitución, ya que a partir de los resultados de la elección del 2 de junio en donde la gente votó por un gobierno de dos años, el Congreso de Baja California decidió alterar este principio, sin tener facultades para hacerlo, dándole tres años a un gobernador, contrario al motivo por el que la ciudadanía votó”.
Desde esa consideración expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dará marcha atrás a la llamada «Ley Bonilla» que aprobó el congreso local en favor del gobernador electo porque “ninguna ley puede personalizarse” y señaló que esta reforma constitucional promovida por un diputado cercano a Bonilla es en favor del gobernador electo y la muestra está en que la duración de la legislatura y las cinco alcaldías quedó como se resolvió en 2014, es decir de dos años.
Además de trastocar el Estado de Derecho en la entidad, la reforma impacta directamente en lo que llamó “fuerza social” alcanzada por el electo Bonilla Valdés pues “de llegar con toda la fuerza, de haber interrumpido una gestión de gobierno de 30 años, llegar con una elección sin ningún cuestionamiento a su triunfo, hoy se encuentra en la controversia política y social a nivel nacional y local pues cuando se pierde la legitimidad social se debilita la fuerza de gobierno».
“De no quedar resuelto el asunto antes de que rinda protesta como gobernador del Estado, y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide darle revés, se tendría que quedar en dos años pues normalmente los tribunales lo resuelven antes de que se lleven a la práctica, pero, aunque pasara de periodo, la declaratoria inconstitucional tiene efectos hacia atrás, pues el principio de retroactividad sí procede entre casos: cuando beneficia a las personas, cuando se trata de derechos procesales y cuando se trata de reformas constitucionales federales, ahí no hay prohibición de que se aplique las leyes hacia atrás”.