Construye BC protocolo de proteccion de derechos laborales de migrantes
Antonio Heras
MEXICALI.- A dos meses de entrar en funciones, el gobierno electo de Baja California se pronunció por promover oportunidades para las personas en condición de migración -nacionales y extranjeros-, proteger sus derechos y, en su caso, mejorar las condiciones laborales para quienes radican en la entidad.
El 31 de octubre concluirá la administración de Francisco Vega y con ello 30 años de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (1989-2019) para que gobierne Jaime Bonilla de Morena, quien cuenta además con mayoria en el Congreso y con las cinco presidencias municipales de la entidad.
Para Amador Rodríguez Lozano, responsable de la transición gubernamental y próximo secretario General de Gobierno, el principal anhelo de los migrantes es llevar un plato de comida a su mesa y velar por un futuro digno para sus familias,
Por ello se comprometió a fortalecer lazos institucionales y ser congruentes con la visión del derecho internacional al otorgar a los migrantes que se encuentran en Baja California las condiciones que se les piden a Estados Unidos ennel trato a connacionales.
Con el propósito de establecer la Agenda Frontera Norte/Baja California, realizar un convenio de protocolo que proteja los derechos laborales de los trabajadores migrantes, promover oportunidades laborales y mejorar la protección social, Rodríguez Lozano se reunió con el delegado Único del gobierno federal en Baja California, Jesús Ruíz Uribe, la representante de la Organización Internacional del Trabajo, María del Carmen Conde, y el experto en migración laboral Francesco Carella.
Ruiz Uribe dijo que el respeto de los derechos de los migrantes es el punto de partida del gobierno mexicano, con el propósito de evitar abusos en su contra, al tiempo que Conde propuso un programa de capacitación y promoción de los derechos humanos de la OIT con los representantes del Instituto Nacional de Migración.
También se abordó la necesidad de simplificar los documentos que expiden las autoridades mexicanas a las empresas que solicitan a los migrantes para su contratación.