Por: Mtro. Jesús Alfredo Pérez
La llamada crisis forense en el país por la saturación de morgues y falta de identificación de cadaveres no es por la falta de pericia o conocimiento forense. Se trata de una situación atípica donde las dependencias encargadas de realizar dichas tareas fueron rebasadas ante la incidencia delictiva.
Resulta preocupante que la llamada “emergencia forense” que se dice vive hoy nuestro país y que se refleja en los más de 26 mil cuerpos sin identificar en todo México no este siendo atendida con la prioridad que lo amerita.
La tarea principal a la que se enfrenta el gobierno de México es revertir y resolver el problema de la desaparición y la identificación de personas.
Debe emprenderse una serie de tareas en materia de profesionalización de los servidores públicos responsables de las fosas comunes y del tratamiento de los cuerpos cuya responsabilidad en algunas entidades del país corresponde al servicio médico forense.
Por otro lado, es importante considerar desde la perspectiva forense que la identificación y georreferenciación de fosas clandestinas o lugares donde son encontrados los cuerpos o restos aún sin identificar puedan coadyuvar con elementos técnicos y científicos en la investigación criminal a cargo del Ministerio Público.
Es posible que en muchos de los casos la fiscalía u procuradurías de algunas entidades del país soliciten las exhumaciones de cuerpos que de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley habrán de ser examinados de nueva cuenta para su posible identificación.
La mal llamada crisis forense, es una tarea que no corresponde en su totalidad a los peritos, expertos o especialistas en las disciplinas que constituyen las ciencias forenses, es decir, no se trata de falta del conocimiento científico o pericia, se requiere del trabajo conjunto con las fiscalías o procuraduría estatales a través del agente del Ministerio Publico quien es responsable de coordinar los trabajo de la investigación.
Los especialistas de los servicios periciales y las ciencias forenses auxilian al Ministerio Publico con el fin de garantizar la justicia y terminar con la impunidad a través de un trabajo científico. Estos expertos requieren de infraestructura, tecnología pero sobre todo de un incremento a su estado de fuerza ante la sobre carga de trabajo generado por la alta incidencia delictiva en el país.
La construcción de un Sistema Nacional Forense para enfrentar el enorme rezago es un componente esencial en esta estrategia.
En Baja California en los últimos cinco años se fortaleció la coordinación e intercambio de información con el Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate al Delito, con el propósito de abatir el rezago de datos sobre personas no localizadas, ausentes o extraviadas según la clasificación de los reportes.
Pero también es necesario profesionalizar a los servidores públicos para que desde las diversas trincheras se trabaje con transversalidad y se pueda brindar un trato digno a la identificación postmortem, a la entrega del cuerpo a la familia y, a la atención de los deudos para cerrar un ciclo en la vida mediante el apoyo de tanatología. Mientras este problema grave no se atienda de manera multifactorial, difícilmente veremos resultados.
Se requiere más allá de infraestructura tecnológica y capacitación, un verdadero trabajo de investigación que permita garantizar la lucha frontal contra el delito y la erradicación de la impunidad para garantizar la paz, justicia y tranquilidad que tanto han demandado los familiares de personas ausentes, no localizadas, extraviadas o desaparecidas.
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