EL GOBIERNO DE GASTÉLUM ABONÓ A MAURICIO FERNÁNDEZ 110 MILLONES DE PESOS, SE ASEGURA

DE LOS 228 MILLONES QUE ESTÁ COBRANDO AL PUEBLO DE TIJUANA POR UNA DEUDA DE UN MILLÓN DE PESOS QUE DATA DE 1995

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AJEDREZ POLÍTICO

POR: SERGIO ANZURES

El gobierno municipal que encabezó Juan Manuel Gastélum tuvo forzosamente que establecer con la empresa de Mauricio Fernández Margain, un convenio de pago, y se asegura que el primero fue de 110 millones de pesos —80 millones de pesos en predios y 30 millones en depósito bancario— como abono a los 228 millones que según una sentencia judicial se le debe por una deuda de un millón de pesos que se fue acumulando desde 1995 por intereses ordinarios y moratorios, y daños y perjuicios.

Además quedó establecido en este convenio que el actual gobierno municipal encabezado por Arturo González Cruz debe pagar 5 millones mensuales hasta completar la suma de 228 millones de pesos.

Aquí va la historia en base a documentos en poder de AJEDREZ POLÍTICO:

Todo inició en 2009 —gobernaba Jorge Ramos a los tijuanenses—, cuando la Sucesión de Bienes del Cujus Ángel Fernández Quintana (papá de Mauricio Fernández Margain) demandó en la vía sumaria civil al gobierno del Estado de Baja California y al Ayuntamiento de Tijuana, en su carácter de tercero, la rescisión del contrato de promesa de compraventa de fecha del 24 de julio de 1995.

Así como la devolución de la cantidad de un millón de pesos y la cantidad de siete millones 931 mil 844.38 pesos por concepto fe daños y perjuicios del bien inmueble ubicado al sur del Crucero 5 y 10 sobre el Libramiento Rosas Magallón desde la avenida Albo Roja al Parque Industrial Pacífico desde la colonia Camino Verde (comandancia Margarito Saldaña y canchas deportivas), con clave catastral CF-252-101, el pago de intereses moratorios, el pago de gastos y costas, entre otras prestaciones, radicado ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, registrándose con el número de expediente 1220/ 2009.

Luego el 17 de mayo del 2010, el síndico procurador del XIX Ayuntamiento, Héctor Magaña Mosqueda, acepta pagar la deuda del gobierno del Estado y obligarse a través de la figura jurídica de deudor sustituto, por lo que acepta pagar el millón de pesos más los intereses ordinarios y moratorios generados desde 1995 hasta el cumplimiento del convenio, así como las prestaciones reclamadas en la demanda, y daños y perjuicios.

Ni el gobierno municipal dé Carlos Bustamante Anchondo ni el de Jorge Astiazarán Orci, pagaron ese acuerdo del Ayuntamiento encabezado por Jorge Ramos Hernández.

Por lo que el 20 de febrero del 2015,
la parte accionante de la Sucesión a Bienes del de Cujus Ángel Fernández Quintana demandó en la vía sumaria civil Incidente de Ejecución del Convenio Judicial en contra del gobierno del Estado y Ayuntamiento de Tijuana dentro del juicio 1220/2009 del Juzgado Tercero de Lo Civil de Mexicali.

El gobierno de Jorge Astiazarán hizo caso omiso, ni el síndico Arturo Ledesma Romo ni el consejero jurídico Gerardo Herrera, acudieron a contestar ni oponer defensa.

Otros ex funcionarios señalados son Jorge Alberto Roja Robles, Lydia Margarita García Valdez y Víctor Hugo Alor Luy.

No les importó, o ¿quién sabe porque no lo hicieron? ¿Qué habría para que dejaran pasar ese tan delicada demanda en contra del dinero del pueblo?.

Por tal razón, el 29 de mayo del 2015 se condena al Ayuntamiento de Tijuana al pago de un millón de pesos, siete millones 931 mil 844 pesos por concepto de intereses moratorios, 198 millones 510 mil por concepto de daños y perjuicios, siendo un total de 207 millones 441 mil 844 pesos.

Esa sentencia fue cosa juzgada el 10 de julio del 2015.

Luego la moral quejosa Roma Food Enterprise de México S..A de C.V., interpuso el 20 de mayo del 2016, incidente de pagos, gastos y costos del juicio incidental dentro del juicio 1220/2009 y se condenó al Ayuntamiento de Tijuana — por negligencia del gobierno de Jorge Ramos Hernández—, por 20 millones 744 mil 084.43 pesos.

Por lo que la suma de todo es de 228 millones 175 mil pesos.

En el 2017, la administración municipal de Juan Manuel Gastélum a través de la síndica procuradora Ana Velia Guzmán presentó ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia contra ex funcionarios del Ayuntamiento por daño patrimonial y los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia.

Sin embargo a pesar de ello y de juicios de amparos promovidos en contra de esa sentencia, el XXII Ayuntamiento encabezado por Juan Manuel Gastélum, fue obligado a pagar ese dinero, incluso enajenando bienes propiedad del municipio de Tijuana.

Por lo que el 23 de noviembre del 2018 se celebra el convenio de pago entre el Ayuntamiento de Tijuana y la moral Roma Food Enterprise de México S. A. de C.V..
Derivado de ello, en enero del 2019, en sesión de Cabildo del XXII Ayuntamiento, con 11 votos a favor, cuatro en contra, dos abstenciones y múltiples señalamientos, aprobó la desincorporación de predios con el objetivo de cumplir el pago de los 228 millones de pesos.

La desincorporación de dos predios, de los cuales no se mencionó su ubicación ni longitud, se dió con el fin de cumplir el convenio judicial de pago celebrado entre el Ayuntamiento de Tiuana y la moral denominada “Roma Food Enterprise” del empresario Mauricio Fernández Margain.

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