MÉXICO, EL PAÍS DE TERROR PARA MUJERES Y NIÑAS
AJEDREZ POLÍTICO
MÉXICO, EL PAÍS DE TERROR PARA MUJERES Y NIÑAS
UN PROBLEMA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE AGRAVA
LA MALDAD SE HA APODERADO DEL PAÍS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
POR: SERGIO ANZURES
La descomposición social ha llegado a los más altos niveles de alarma en todo el país; la cifra de los delitos que son denunciados es mínima.
Por lo que en realidad lo que llegamos a conocer como denuncia formal es menos del 7% del total de los delitos que no son denunciados y se les conoce como “cifra negra” (o sea el 93 por ciento no se denuncian y quedan en la impunidad).
Infanticidios, feminicidios, parricidio o cualquier tipo penal que califique, representa la muerte o asesinato de una persona.
Acreditar las agravantes o violencia por razón de género es lo que pone de cabeza a las autoridades que ante la falta de capacidad e instrumentos sólidos en las carpetas de investigación, los casos pueden caerse.
Especialistas comentaron a AJEDREZ POLÍTICO que en el caso de la pederastia que se refiere al abuso sexual que se comete en agravio de niños, y no a la pedofilia que refiere únicamente a la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente por los niños, aunque no abuse de ellos y que está igual de perverso en cualquiera de las conductas; se requiere darle una atención prioritaria.
Fátima la niña asesinada en el centro de la República (Ciudad de México) que fue llevada desde la escuela hasta el domicilio de un enfermo mental por la pareja sentimental de éste, refleja el grave deterioro de la mente como consecuencia de abusos y consumo de drogas cuya estadística es a la alza en Mexico o también a la co dependencia a la violencia o sometimiento a la misma por diversos factores.
Fátima, un pequeña inocente fue asesinada como otras más.
La sociedad se conmociona y exigen justicia, sin embargo, los legisladores no logran empatar los códigos penales mucho menos generan leyes que puedan sancionar y atender de manera integral estos casos donde la víctima, victimario y co dependientes del mismo puedan ser canalizados al sector salud.
No existen acciones contundentes que permanezcan en la Ley, -al margen de quienes gobiernen- que garanticen verdaderamente que las víctimas reciban justicia.