Suspenden sesión anticorrupción de BC que trataría casos del gobierno de Bonilla
MEXICALI.- A través de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, el gobierno de Baja California propició la suspensión de la sesión del Comité Coirdinador del Sistema Estatal Anticorrupción donde se tratarían supuestos actos de corrupción en la administración de Bonilla.
Los temas a tratar en el orden del dia son el exhorto al secretario General de Gobierno Amador Rodriguez Lozano para que presente denuncia penal contra el diputado Miguel Angel Bujanda, expanista y ahora independiente, por pedirle un millón de pesos por votar a favor inicitivas de Bonilla.
Otro asunto es solicitarle a Bonilla Valdez la cancelación de una notaría que una demana antes que concluyera su administración el exgobernador panista Kiko Vega entregó a Luis Leyva, sobrino del exgobernador priista Xicotencatl Leyva, dentro de un paquete de seis notarías sin exámenes, de las cuales cinco fueron canceladas por Amador Rodríguez.
El último punto es un exhorto a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública para que realice una investigación independiente de los «moches» que pidieron funcionarios de Bonilla a cambio de contratos de servicios gubernanentales.
A.propuesta del consejero ciudadano del Comité Coordinador del SEABC, Ricardo Zurita, la secretaria Vicenta Espinosa reforzó la petición que se suspendiera la sesión por los temas incluidos en el orden del dia.
Zurita sostuvo que al resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la integración del SEABC, los nombramientos de consejeros ciudadanos y sus decisiones.
El 14 de enero, la SCJN resolvió un recurso de la CNDH donde definió que los 15 consejeros ciudadanos deben cobrar emolumentos para no violar el derecho de igualdad y de vida digna. Aunque el ministro ponente propuso que se modificara la Constitución local para que el número de consejeros se ajustara al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por mayoría se rechazó ese punto.
Las sesiones del CC-SEABC se programarán una vez que la SCJN entregue la sentencia con engrose al Congreso local y determine la situacion del sistema local anticorrupción.