Baja California: 11, Bonilla: 0
#LeerEntreLíneas
Por Francisco Ruiz
Deseo iniciar anticipando mi gratitud al licenciado Luis Dugay Pedroza, coordinador de la Agrupación Política de Baja California (APBC), quien atinadamente sintetizó la resolución unánime de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre “Ley Bonilla”, con una alegoría futbolística en la que el marcador final fue: Baja California, 11; Bonilla, 0.
Durante su ponencia, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se refirió a la contrarreforma a la Constitución local para ampliar el periodo de gobierno estatal, de una manera muy severa y tajante, al calificarlo como un “gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” –aclarando que– “no es un término retórico sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución…” –remató describiéndolo como– “un efecto corruptor de rango constitucional se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular”.
Queda claro que el gobierno de Bonilla ha comenzado a perder fuerza, muy a pesar de que mencionen repetidamente que han cumplido -supuestamente- con el casi 60% de los compromisos suscritos durante la campaña. Sin embargo, aún nos queda a deber la revocación de mandato; la participación ciudadana con silla y voz en el Congreso y en los Cabildos; la iniciativa para la elección directa de síndicos y regidores; los presupuestos austeros y equitativos para la operación de los partidos políticos que sea por igual a todos y no por el número de votos obtenidos en la anterior elección; no han creado la Secretaría de la Familia; tampoco han puesto un tope a los gastos de publicidad en los medios de comunicación ni han creado un Comité Ciudadano que vigile la distribución de dicho gasto; no han hecho que los Ayuntamientos tengan a su cargo el servicio público de agua potable y alcantarillado; no han incentivado la generación de electricidad para autoconsumo; falta integrar un comité con académicos especialistas en auditoría gubernamental para designar al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización; no hay una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones; no han descentralizado el gasto social; no han privilegiado las preocupaciones de la ciudadanía en la obtención de acuerdos, entre muchos otros compromisos que hicieron a través de la Plataforma Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California 2019 – 2021, un documento público integrado por 28 páginas que fue registrado ante la autoridad electoral (Disponible en https://www.ieebc.mx/archivos/pel1819/candind/coaliciones/PLATAFORMACOALICION.pdf).
Resulta “curioso” y contradictorio que hayan reformado prácticamente todas las Secretarías, creado varias nuevas, pero no hayan tocado el DIF estatal, el cual está a cargo de la primera promotora del gobierno de cinco años, quien, a su vez, es madre del actual encargado de despacho de la Oficialía Mayor y esposa del diputado local que impulsó la contrarreforma que ampliaría la gestión de Bonilla. Parece que no les han explicado el concepto de nepotismo, el cual, por cierto, es considerado como una forma de corrupción grave, según Iniciativa Ciudadana (Disponible en http://ley3de3.mx/es/10-tipos-de-corrupcion/).
Allende de la creación de la Secretaría del Agua, en lugar de dar cumplimiento al artículo 115 constitucional, la descentralización del gasto social y del poder mismo. Y aunque algunos -improvisados- personajes dentro de la administración estatal apenas comenzarán a hacer sus pininos en el arte de “gobernar”, más valdría que empiecen a hacer maletas; pues, aun y cuando el gobernador Bonilla aspire a impulsar a un(a) sucesor(a), la realidad es que los bajacalifornianos les cobrarán la factura.
Post Scriptum. “Con un poder absoluto hasta a un burro le resulta fácil gobernar”, Lord Acton.
* El autor cuenta con una Maestría en Comunicación Estratégica y es doctorando en Derecho Electoral.
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