Destruyen 1,628 máquinas tragamonedas en combate a la corrupción de menores
TIJUANA.- Ante el gobernador, ingeniero Jaime Bonilla Valdez, la Fiscalía General del Estado (FGE) destruyó 1,311 maquinas tragamonedas destinadas al uso ilegal de apuesta, y confiscadas en operativos de toda la entidad.
Esta es la segunda ocasión durante lo que va del año, que se realiza la demolición de artefactos que inducen a los menores al vicio de los juegos de azar, en enero pasado fueron 317 que, sumadas a las 1,311 de este martes 9 de junio, son 1,628 máquinas tragamonedas destruidas en menos de un semestre por la FGE.
En el evento estuvo presente el General D.E.M. Celestino Ávila Astudillo, comandante de la II Región Militar; General D.E.M. Francisco Javier Hernández Vélez, Coordinador de la Guardia Nacional en Baja California; Comisario Jefe Carlos Alberto Flores, Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI); y el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), Juan Manuel Hernández Niebla.
Asistieron la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra; alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo; el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles; y el Lic. Carlos Murguía Mejía, en representación del Lic. Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana.
En su mensaje el Jefe del Ejecutivo, ingeniero Jaime Bonilla Valdez, señaló a Baja California como la primera entidad en el país, que legisla en contra de la operación ilícita de máquinas tragamonedas, por lo que esta entidad es considerada ejemplo nacional.
En tanto el Fiscal General del Estado dijo que el decomiso de dichos artefactos es producto del trabajo que desarrollan los fiscales regionales de los cinco municipios y la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).
Estás acciones tienen como fin erradicar el funcionamiento de aparatos que influyen negativamente en la conducta de niños y jóvenes en el vicio de las apuestas, puntualizó el Fiscal General del Estatal.
En noviembre de 2019, se reformó el artículo 261 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de endurecer las penas contra la corrupción de menores, así como dotar de herramientas legales a la autoridad para combatir el delito de las apuestas clandestinas.