No a la intromisión de Sánchez Cordero al derecho de los padres de educar a sus hijos

CDMX.- La Secretaría de Gobernación, ha hecho circular una ficha técnica en la que atenta contra el derecho inalienable de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos. Un derecho consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, documento fundacional de la ONU, y suscrito por México desde 1948 por lo que tiene rango constitucional. Este derecho, sin embargo, ha sido omitido en la Reforma Educativa que ahora se encuentra en armonización en las entidades federativas por lo que se realizan diferentes trabajos legislativos para incluirlo, ya sea en el texto constitucional o bien a través de mecanismos como el Pin Parental, así lo manifestó el presidente nacional del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés.

En México desde enero de 2019, la fracción parlamentaria de Encuentro Social en la Cámara de Diputados Federal, ingresó una iniciativa para incluir en el texto constitucional el derecho de los padres para decidir sobre la educación que reciben sus hijos, y en este año 2020, diferentes esfuerzos legislativos se han realizado en varios congresos locales e incluso en el Senado de la República por el Pin parental presentado por Acción Nacional. Sin embargo, el documento de la Secretaria Sánchez Cordero se percibe como una velada amenaza a legisladores y congresos que están impulsando la iniciativa legislativa para establecer el llamado Pin parental. Esta acción se hace invadiendo un poder que no es de su competencia pues no tiene facultades para señalar a Diputados electos qué deben o no legislar, detalló Iván Cortés.

Además dijo, “vulnera la soberanía de cuatro entidades del país (Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro) en una intromisión grosera en un momento en que se debería buscar la unidad nacional para enfrentar la emergencia sanitaria que azota el país”. También representa un acto intimidatorio al mencionar por nombre a legisladores que, en representación de sus electores, proponen temas que a los ciudadanos nos son cruciales pues se trata de derechos que pretenden ser ignorados para establecer una agenda ideológica que al parecer es el principal objetivo de la secretaria Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo a la Ley de la Administración Pública la Secretaría de Gobernación debe “Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación…”, sin embargo no ha intervenido ante la violencia política en contra de la Diputada Elsa Méndez (PES) que ha sido insultada reiteradamente, e incluso amenazada de muerte, por personas violentas plenamente identificados que la agreden por defender demandas ciudadanas.

En el mismo caso el Diputado Juan Carlos Leal (PES), que ha sido criminalizado por sus opiniones que deberían estar resguardadas porque las hace desde su carácter de legislador. También señala a la Diputada Marisela Sáenz (PRI) por presentar a su Congreso una iniciativa de Ley para el Pin Parental que es una solicitud que le hacen tanto ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil como La Unión Nacional de Padres de Familia, la Alianza Nacional de Padres de familias, el Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana y una veintena de organizaciones que exigen su derecho de educar a sus hijos.

Por lo anterior el Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana exigen lo siguiente:
1. Que la secretaria Olga Sánchez Cordero se abstenga de interferir en el ámbito legislativo porque no es un área de su competencia sino un poder distinto y contrapeso democrático para la república.
2. Que deje de vulnerar la soberanía de los estados que tienen su Congreso legislando con normalidad democrática, es decir, diputados ELECTOS por la sociedad con la libertad plena de proponer y debatir.
3. Que deje de atentar contra la patria potestad y el derecho inalienable de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos, porque éstos no son propiedad del Estado.
4. Que cumpla con su deber de respetar las leyes mexicanas que están obligadas a cumplir con los tratados internacionales firmados por México y que garantizan los derechos de los padres.
5. Que deje de amedrentar a quienes no piensan como ella y, especialmente, que cese en su intento de establecer su propia ideología usando métodos intimidatorios, sino que atienda las tareas asignadas a su cargo sin distracciones y con responsabilidad.