Antonio Heras y Jorge Heras/Lindero Norte
MEXICALI.- Relacionada con la familia Salinas de Gortari, Orca Energy es la empresa que el gobernador Jaime Bonilla le adjudicó el suministro de energía eléctrica del Acueducto Río Colorado-Tijuana, luego que le rescindiera, de manera unilateral, el contrato a otra empresa que proveería este servicio durante 15 años.
A partir de mayo de 2020, la administración de Bonilla adjudicó el servicio a la empresa Orden Cardinal S.AP.I. de CV. (Orca Energy), dónde aparece como presidente del Consejo de Administración, Federico Gabriel Valenzuela Peña.
Valenzuela Peña, quien contrajo nupcias con Margarita Elena de Gortari, trianguló información entre Emiliano Salinas Ocelli y Keith Reinieri en el caso Vxivim de esclavitud sexual de mujeres, según una Corte federal de Estados Unidos.
De manera sorpresiva y de una noche a una mañana de mayo, Orca Energy se convirtió en proveedora del gobierno estatal al sustituir a Suministro Sustentable de Energía en México SAPI de CV (Sumex), empresa que firmó en 2019 un contrato para dotar energía a la operación del acueducto que culminaría en el año 2034.
El gobierno de Bonilla rescindió ese contrato, de manera unilateral, mediante Karen Postlewaithe, secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, lo que provocó una demanda por incumplimiento de pagos y de términos de contrato.
Sin tener instalaciones propias ni planta de generación, Orca Energy suministra energía al acueducto a partir de la adquisición del fluido del mercado energético.
Dentro del círculo energético del pais a esta empresa se le vincula con Salinas de Gortari por lo que se estima que será la beneficiaria del proyecto autorizado por el Congreso local y a partir del cual se redactarán las bases de la convocatoria de la licitación pública.
En Baja California hay tres empresas que generan energía solar: Rumorosa Solar de IEnova Infraestructura Energética (filial de la estadunidense Sempra Energy), Cerro Prieto de la CFE y Plantronics; las dos primeras instaladas en Mexicali abastecen a la CFE (suministrador de servicios básicos) y la tercera de Tijuana es de autoabastecimiento.
Reforma energética
La Comisión Federal de Electricidad dejó de proveer al acueducto por la incorporación en la ley de la figura de suministrador calificado en el caso de grandes consumidores.
Por ello, hasta 2018 la CFE proveyó de energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana y otras instalaciones de entidades paraestatales. En 2017 facturó 635 millones de pesos y al año siguiente 750 millones de pesos.
A partir de 2019, el gobierno del panista Francisco Vega firmó un contrato con Sumex por 1 mil 060 millones 147 mil 747 pesos con 85 centavos, de acuerdo al Libro Blanco «Contratación de suministro de Energía Eléctrica».
Bonilla Valdez ha acusado a Kiko Vega de actos de corrupción en la cesión de contratos de gobierno con la iniciativa privada, en lo que coloquialmente se ha denominado «los negocios del agua».
En este caso, el proyecto de Bonilla destinará el contrato a una empresa mexicana, con resultados a 12 meses y que se asocie con suministrador calificado de energía para la inversión en un generador de energía que pasará a ser patrimonio estatal en 30 años.
Aval del Congreso
El Congreso de Baja California autorizó al gobierno de Jaime Bonilla «amarrar» un contrato para el suministro de energía solar para el Acueducto Río Colorado-Tijuana que, en la actualidad, provee una empresa relacionada con la familia Salinas de Gortari.
Con este nuevo contrato de traslado de agua a Tijuana se obtendría un «ahorro» en energía eléctrica de 36 millones de pesos anuales de una cuenta que tan solo en este año pagará 1 mil 079 millones de pesos por el consumo de 650 millones kwh, necesarios para bombear el agua del Río Colorado hasta Tijuana.
Presentado por el legislador Eli Topete de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Energía y exdiputado local priísta, el dictamen 1 promete un balance presupuestal sostenible, disminuir el déficit energético en un 20 por ciento y elevar la competitividad económica al fomentar mayor inversión.
Con 19 votos de Morena y sus aliados políticos se autorizó «al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para que directamente y/o a través de sus Entidades Paraestatales, realice las gestiones administrativas y financieras necesarias para la celebración de un contrato plurianual de energía eléctrica derivada de una Planta Generadora de Energía Solar Fotovoltaica, para el suministro de energía, siempre que el costo de energía eléctrica por kW/h, sea menor al de la tarifa contratada actualmente por la Comisión Estatal del Agua”.
Para ello se le facultó a suscribir una carta de crédito o garantía «para responder, en su caso, del cumplimiento (sic) del contrato», además de constituirse como garante o aval del consumo de energía.
Sin un proyecto ejecutivo ni un estudio de factibilidad, se convocará una licitación pública que «asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes durante un periodo que no exceda los 30 años», cuyo contrato se suscriba a más tardar el 15 de octubre de 2020.
En la exposición de motivos, se señala que permitirá la producción local sin necesidad de importar energías fósiles, lo cual evitará las consecuentes pérdidas energéticas y económicas por el transporte, a la vez que es una tecnología 100 por ciento segura, inocua y silenciosa en comparación con el gas o el carbón.
Según expertos en el sector energético se requiere instalar un centro de almacenamiento de energía para que existan ahorros reales de este proyecto solar fotovoltáico y obtener resultados positivos en la intención de reducir el déficit energético de la región .
Explicaron que el perfil de generación horario de una central fotovoltaica no coincide con los horarios de la demanda eléctrica del acueducto ni con los horarios de déficit de Baja California.
En el proyecto de Bonilla se limita a un generador de energía, a partir de la sociedad con la empresa mexicana que obtendrá el contrato.