Organismos unen fuerzas para luchar por falta de prestaciones para los policías de BC
TIJUANA.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de BC (CCSPBC) Juan Manuel Hernández Niebla, participó en una rueda de prensa conjunta con la CEDHBC y la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de BC para informar los avances en la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) que busca hacer que los Ayuntamientos y la Fiscalía General del Estado (FGE) reglamenten lo dictado por el Artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y se le asignen los presupuestos correspondientes que privilegien los derechos de seguridad social de los miembros de las corporaciones policiales estatales y municipales.
“El tema de las prestaciones laborales de los policías es una inquietud y una demanda que tenemos por parte del Consejo Ciudadano que compartimos con la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías, esta es la primera respuesta que tenemos por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de Alerta Temprana, en donde finalmente le solicitan a los Ayuntamientos y Fiscalía General del Estado adopten las medidas solicitadas”, mencionó.
Hernández Niebla mencionó que luego de oponerse como Consejo a la posibilidad de la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), finalmente y después de varias intervenciones estos fondos aparentemente no serán cancelados, lo que representa que existirán 4 mil millones de pesos divididos entre los municipios del país para el próximo año, además también se anunció que se incrementarán los recursos del Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ambos fondos pueden representar una buena fuente de financiamiento para cumplir con las demandas de los policías.
“Los recursos pueden provenir de FORTASEG Y FORTAMUN, nos debe quedar claro que no podemos aspirar a una mejor policía si primero no los protegemos”, reflexionó.
Y es que la CEDHBC ya ha enviado solicitudes a las autoridades de los 5 municipios con la intención de conocer cuáles son las prestaciones y coberturas que se han estado dando a los policías sin obtener respuestas favorables, incluso dos de estos municipios no han emitido respuesta a la petición.
“Ya habían ellos mandado solicitudes a cada uno de los Ayuntamientos para que les respondieran respecto al tipo de prestaciones y coberturas que les estaban dando a los policías, nos informan que Tecate y Rosarito ni siquiera responden, el resto de los municipios responden pero no han implementado absolutamente nada”.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, mencionó que ante la ausencia de respuesta por parte de los Ayuntamientos el siguiente paso es la emisión de una Alerta Temprana, que si bien no es una recomendación como tal, si busca generar acciones por parte de los gobiernos, enfocadas en cumplir lo establecido en la Ley a través de su inclusión en los presupuestos de egresos.
“Lo que estamos presentando, ya notificado desde el 3 de noviembre a cada una de las autoridades es una Alerta Temprana, este recurso como tal es una figura que acabamos de implementar en la que detectamos que bajo las circunstancias y los tiempos de las instituciones, en este caso la presentación de los presupuestos de egresos del Ejecutivo Estatal y los municipios del ejercicio 2021, notificamos a los 5 Ayuntamientos y a la FGE y posiblemente se proceda a una recomendación si no es atendida esta alerta”, explicó.
Aclaro que la alerta va en 2 sentidos, primero que instrumenten las disposiciones reglamentarias y normativas que establece tanto el Artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California como los distintos decretos que ha hecho el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal.
En el mismo sentido, se manifestó Alejandro Monreal Noriega, quien es Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California (CEAPBC), expresó que sienten temor de que las autoridades una vez más los priven de este derecho para los oficiales y sus familias.
“En este momento tenemos temor a que se repita la historia nuevamente, ha transcurrido un año de este nuevo gobierno estatal y han hecho oídos sordos a la situación, han muerto en 3 años 80 policías por diferentes causas, 20 en cumplimiento del deber desde noviembre de 2017, año en que se debería de haber empezado a trabajar la reglamentación social de los policías y han hecho caso omiso”, aseguró.