Jorge Heras
MEXICALI.- Hace una semana, los secretarios del gabinete de Jaime Bonilla Valdez así como los titulares de todas las paraestatales, incluidos los órganos operadores de agua, fueron convocados a una reunión de Gobierno en carácter de urgente en el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la Fiscalía en Mexicali.
Los titulares de la dependencias y entidades de gobierno fueron citados a diferentes horas, los primeros a partir de las 10:00 de la mañana; su semblante cambió cuando fueron sorprendidos al ingresar a las oficinas ubicadas en la Calzada de los Presidentes (Rio Nuevo) por empleados del C3, quienes les dijeron que no había tal junta con el mandatario estatal, pero que tenía que llenar una hoja con nombre y firma en la que se justificaba juridicamente la realización de una prueba toxicológica.
Respaldados en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 0y en el artículo 92 de la Constitución de Baja California, la administración de Bonilla Valdez sometió por primera vez a un examen antidoping a los funcionarios de primer nivel.
Sin embargo, a una semana del llamado, algunos no han acudido a practicarse la prueba toxicológica.
De acuerdo a versiones de algunos funcionarios, a la mayoría los tomó pro sorpresa ya que algunos llegaron a las instalaciones del C3 desde Tijuana y Ensenada porque se les dijo que sería una reunión de gabinete.
Otros con nerviosismo se realizaron el examen, pues en todo momento estuvieron acompañados del personal de salud, ya que fueron acompañados hasta el baño para la prueba de orina y hasta el final cuando les dieron el resultado de positivo o negativo al consumo de alguna sustancia ilegal.
Hubiera sido transparente a la sociedad bajacaliforniana que así como muchos funcionarios se toman fotos «selfie» en cualquier actividad que realizan durante el día (hasta en el más mínimo apoyo o hasta cuando van a comer), se hubieran retratado con el resultado de su prueba «antidoping».