Por Antonio Heras.
MEXICALI.- A propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Congreso de Baja California autorizó contratar un crédito por 3 mil millones de pesos y eliminar la autonomía de las fiscalías anticorrupción y electoral para depender de la Fiscalía General del Estado.
En cuanto a la deuda que se mantendrá en las siguientes cuatro administraciones estatales, los diputados locales aprobaron que Bonilla Valdez emita un decreto para que contrate con instituciones bancarias bajo la garantía de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) provenientes del Gobierno de México conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta autorización que compromete los fondos federales se registra a siete meses que Bonilla Valdez concluya su administración de dos años y ante la solicitud de un empréstito de 3 mil millones de pesos a pagarse en 20 años que se convertirán en 5 mil millones pesos por los intereses.
La mayoría de Morena y sus aliados políticos del PVEM, PT e «independientes», aprobaron el dictamen con 19 votos a favor al asegurar que brinda certeza jurídica al gobierno de Bonilla, cinco en contra y una abstención al advertir que el dictamen carece de fundamento sobre utilidad pública y los proyectos de inversión en obra pública.
La solicitud del gobernador contó con el aval de una opinión técnica del Auditor Superior del Estado, Jesús García, hasta hace dos años dirigente estatal de la CNOP del PRI y morenista en la actualidad, y el dictamen señala que cuenta con la aprobación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La afectación de las aportaciones de este fondo federal será del 25 por ciento y de un 2.10 por ciento más de participaciones federales u otros ingresos a utilizarse como fuentes de pago directa y alternas.
Los 3 mil millones de pesos del empréstito, según Bonilla, se destinarán para concluir obras públicas y propiciar que cuente con liquidez la siguiente administración estatal.
No obstante, el gobierno de Bonilla Valdez está obligado por la Ley de Disciplina Financiera a pagar, antes del 30 de mayo de 2021, créditos a corto plazo por 2 mil millones de pesos.
En 2019, esta misma Legislatura autorizó al gobernador Jaime Bonilla un refinaciamiento de deuda pública de 12 mil millones de pesos.
Eliminan autonomía de fiscalías anticorrupción y electoral
A propuesta del gobernador Jaime Bonilla, el Congreso de Baja California eliminó la autonomía de las fiscalías especializadas en delitos electorales y en anticorrupción para integrarlas como dependencias de la Fiscalía General del Estado.
Leído por el diputado morenista Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el dictamen 86 fue aprobado por 19 votos a favor de los diputados de Morena y sus aliados políticos y cuatro en contra.
El dictamen 86 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales reforma cuatro artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y hace adiciones a dos más, además de abrogar las leyes orgánicas de las fiscalías anticorrupción y electorales, las cuales fueron propuestas por el Grupo Parlamentaria de Morena y aprobadas en esta Legislatura.
Integrantes de colegios de abogados de Baja California señalaron que los diputados están obligados a hacer reformas constitucionales más que modificar la Ley Orgánica de la FGE como se hizo en la sesión realizada este miércoles 21 de abril.
También se aprobó una propuesta de Molina García -exdiputado del PAN y MC, que ahora busca su reelección por Morena- la creación de una Fiscalía Regional de San Quintín y que los empleados sindicalizados adscritos a la FGE se mantengan en calidad de comisionados por el Poder Ejecutivo.
Fue propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena el 1 de octubre de 2019, minutos después de haber tomado posesión el morenista. Excluyeron a las fiscalías anticorrupción y electoral para después otorgarles el carácter de autonomía, vía reforma constitucional,
Ahora Bonilla justifica estas reformas a la leyes orgánicas al considerar que son inconstitucionales y propone que estén bajo la férula del fiscal Guillermo Ruiz Hernández.
Con la modificación de Jaime Bonilla y aprobada ya en comisiones se le quita la autonomía a las Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para convertirlas en dependencias de la FGE con función de Ministerios Públicos.
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