MEXICALI.- Este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Demanda de Acción de Inconstitucionalidad 119/2021 presentada por integrantes de la XXIII Legislatura de Baja California, debido a las diversas inconsistencias del Decreto 289, mediante el cual, se aprobaron diversas reformas a la Ley que Reglamenta el Servicio del Agua Potable en el Estado, con la finalidad de municipalizar los organismos prestadores de estos servicios.
El Máximo Tribunal del País argumentó que no se cumplió con el debido proceso legislativo, ya que en los Transitorios de la reforma de 1999 al Artículo 115 Constitucional se exige que esta transferencia fuera pedida por los Municipios mediante un proceso ordenado.
En ese sentido, el Pleno de la SCJN avaló con 8 votos a favor y 1 en contra la invalidez total del Decreto 289, con base en vicios del procedimiento legislativo, relativo a la omisión del Congreso del Estado de hacer el correspondiente llamamiento a los ayuntamientos con 5 días de anticipación para su discusión, y concurrieran al desahogo de las sesiones correspondientes
Lo anterior, carece de justificación jurídica, contraviniendo el artículo 31 de la Constitución local el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los principios democráticos por no darle participación a los municipios a través de sus ayuntamientos en la deliberación de reformas legales que tienen injerencia directa en sus atribuciones constitucionales y por consecuencia violentándose lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal y su régimen transitorio.
Además de presentar irregularidades en los tiempos de notificación de los Diputados así como en la sesión de la Comisión en donde se abordó la iniciativa sin tener el quórum correspondiente.
Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada por mayoría simple en el Congreso local y publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 29 de julio de 2021.
Dicha acción de inconstitucionalidad fue presentada por los Legisladores Araceli Geraldo Núñez, Juan Melendrez Espinoza, Rosina Del Villar Casas, Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Miriam Cano Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Evangelina Moreno Guerra, Javier Robles Aguirre y Efrén Moreno Rivera, el 31 de julio de 2021 ante la SCJN.
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