Cuenta GobBC con Consejo Consultivo en Finanzas

Sábado, 29 de octubre de 2022

TIJUANA.- El secretario de Hacienda del Estado de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía, encabezó la primera sesión del Consejo Consultivo en Finanzas de la Administración Pública del Estado, mismo que fue creado con el objetivo de brindar asesoría y encabezar la coordinación entre el Gobierno del Estado y otras instituciones públicas y privadas a fin de reforzar el manejo de las finanzas públicas bajacalifornianas.

El funcionario estatal reiteró que el objetivo del Consejo es investigar, analizar y emitir estudios y opiniones técnicas en materia financiera, así como acerca de ingresos, egresos, gasto público, inversión pública, cuenta pública, financiamiento y deuda pública. Todo lo anterior con la finalidad de brindar asesoría y asistencia en dichas materias a cada una de las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal.

Moreno Mexía señaló que quien ocupa la presidencia del Consejo es la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, mientras que el vicepresidente es quien ocupe la Secretaría de Hacienda, y como vocales fungen el secretario de Economía, Kurt Honold y la procuradora fiscal del Estado, Olga Alcalá. A ellos se suman cinco personas como vocales: Jorge Kuri, Juan Cota Trenti, Juan Ignacio Guajardo, José Baraquiel Fimbres, Mario García Franco y Luis Cetto Salazar. Asimismo, se contará con una secretaria técnica que tendrá derecho a voz.

El secretario y vicepresidente del Consejo informó que en la más reciente sesión se abordaron temas acerca del déficit financiero al inicio de la administración y las acciones llevadas a cabo para mejorar la situación financiera de la Administración Pública Estatal, asimismo se informó acerca del Plan Financiero del Estado en el que destaca una reducción del gasto corriente en el orden de los mil millones de pesos.

Asimismo destacó el incremento en la recaudación de ingresos estatales en el orden de los dos mil millones de pesos, la reforma que aumenta el Impuesto sobre Remuneraciones cuyo destino de inversión es la Seguridad Pública y la Infraestructura Hidráulica, tomando en cuenta la situación financiera de los organismos operadores del agua y las necesidades que se tienen para ofrecer el servicio de manera adecuada.