Antonio Heras
MEXICALI.- Con la designación del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se mantuvo la continuidad del bonillismo en el combate a la corrupción en la entidad, a pesar de ser considerada una tarea desmantelada por el anterior gobierno.
En la designación por mayoría de los diputados realizada el jueves 22 de junio, se eligió a cinco abogados, de los cuales dos de ellos están vinculados al bonillismo. Se trata de Raúl
Catellanos Muñoz y de Humberto Rodriguez Romero.
La principal función de la Comisión consiste en seleccionar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, entre ellos al presidente del Comité Coordinador del SEA que cuenta con voto de calidad en la toma de decisiones en cuanto al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
En este ente colegiado hay representantes de la Secretaría de la Honestidad, de la Auditoría Superior del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía Anticorrupción y de las Sindicaturas Municipales.
El Congreso local desdeñó la oportunidad de apartarse del bonillismo y frustró las pretensiones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, más aún cuando la secretaria Ejecutiva del SEA la operan Raúl Rebelín y Daniel Sotelo, designados por la exsecretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, colaboradora del empresario Jaime Bonilla Valdez.
Una legislatura comprometida con la equidad de género, demostró que los hechos están muy lejos del discurso pues el Comité de Selección del Sistema Anticorrupción lo integran cuatro varones y una sola mujer: Carlos Alberto García Espinoza, Fabián Martínez Escalante y Daniela Elena Ramírez Cuevas. La otra abogada postulante fue vetada por el morenaje.
Los legisladores y funcionarios parlamentarios que revisaron el perfil de los siete postulantes -ocho pues a Castellanos lo propusieron dos veces- omitieron hacer un análisis detallado y comprobar su documentación y trayectoria.
HONESTIDAD Y NUMERALIA
Para la gobernadora de Baja California la honestidad es la base de una buena administración y en beneficio del pueblo, ya que al ser «sagrados» los recursos públicos deben aprovecharse al máximo para generar condiciones de bienestar para la población.
El último día de mayo de 2023, Marina del Pilar Ávila Olmeda acusó del desmantelamiento de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública que recibió de su antecesor Jaime Bonilla.
Tras señalar que apenas en su administración se realiza un trabajo contra la corrupción, advirtió que se han investigado 51 quejas y denuncias producto de 300 auditorías y, sin precisar cifras, dijo que se han emitido sanciones, suspensiones e inhabilitaciones.
Además se han presentado 20 denuncias por actos de corrupción ante la Fiscalía General del Estado y se turnaron 32 expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC) por faltas graves de servidores públicos.
Lo curioso es que la base del equipo de trabajo de la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar, es prácticamente el mismo del gobierno de Bonilla.
Incluso, en la Secretaría de Salud y el Instituto de Servicios de Salud, una de las áreas torales por el monto de recursos financieros detectados con irregularidades e ilegalidades en 2020 y 2021, se designó en el Órgano Interno de Control a quien fue el director de Investigación y Auditoría Gubernamental con Vicenta Espinosa Martínez en la administración de Bonilla Valdez.
Los comentarios están cerrados.