Diputada Rodríguez pide la colocación de desfibrildores en edificios públicos

MEXICALI.- La diputada del PES, María Monserrat Rodríguez Lorenzo, presentó ante la Asamblea, un exhorto dirigido a autoridades Estatales y Municipales, a fin de que prevean en los Presupuestos de Egresos para el año 2024, la adquisición de desfibriladores externos, para ser colocados en edificios públicos que concentren al menos trescientas personas en concurrencia.
Para motivar su pretensión, la legisladora aludió que el 26 de mayo de 2023, se publicó el Decreto 228 por el cual se aprueba la adición del artículo 19 Quinquies, a la Ley de Salud Pública de Baja California.
En dicha reforma se estableció que en los edificios públicos y privados donde se concentren personas, se procurará la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEAs), con el objeto de brindar auxilio inmediato para atender emergencias como infartos, arritmias y hasta muerte súbita.
“La intención es contar con un mecanismo de auxilio inmediato, previo a la llegada de los servicios de urgencias, sirviendo como soporte básico de vida en situaciones de emergencia”, manifestó Monserrat Rodríguez.
En la mayoría de los casos de muerte súbita, antes de que la persona muera, padece una arritmia cardiaca, la cual puede revertirse con reanimación y/o una descarga controlada de corriente eléctrica (desfibrilar) dentro de un lapso de 5 minutos, lo cual puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Monserrat Rodríguez añadió que el costo de un DEA oscila entre los 20 mil a 60 mil pesos, según ofertas en el mercado, por lo cual su adquisición no representa un costo desproporcionado, máxime que su utilización será por el personal de la institución, previamente capacitado.
En el año 2021 en México cerca de 220 mil personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 177 mil fueron por infarto al miocardio. Es indispensable que, en los lugares de alta concentración de personas, se cuente por los menos con un DEA para brindar atención inmediata ante una emergencia, consideró la inicialista.
Por lo anterior se determinó por el Pleno, canalizar la Proposición con Punto de Acuerdo, a la Comisión de Hacienda para su seguimiento legislativo.