Corrupción en el Sistema Anticorrupción de Baja California

Antonio Heras

MEXICALI.- La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California incumple con el principio de honestidad.

 

A propósito de la convocatoria para seleccionar a cinco integrantes ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión se reunió con Ricardo Zurita López, quien a la postre se registró como candidato aunque también los asesoró en el diseño la metodología de la elección.

 

Desde 2021 no hay ningún consejero ciudadano toda vez que el gobierno de Jaime Bonilla removió de su puesto a cuatro representates ciudadanos.

 

Alejado de la metodología del Sistema Nacional Anticorrupción, a nivel local se

establecieron cuatro rubros, uno de ellos con valor de 40 puntos de los 100 posibles que consiste en experiencia en presentar denuncias para sanciones en asuntos de corrupción penal y administrativa, así como litigarlos a través de organizaciones de la sociedad civil y su difusión.

 

Justo este tipo de actividades no las contempla la metodología nacional, ni los prevé la ley del Sistema Anticorrupción, por lo que se trata de un requisito creado a modo que se ajusta al perfil de Zurita López, el cual es un aspecto predominante en la evaluación (40 puntos) sino que es ajeno a las funciones que establece la ley.

 

Los otros tres rubros con valor de 20 puntos cada uno se relacionan con prevención y detección de actos de corrupción, fiscalización y control de recursos públicos y el desempeño de la entrevista.

 

El problema es que el Comité de Participación Ciudadana ni el Secretario Ejecutivo del SEABC tiene entre sus facultades presentar denuncias y menos sancionar actos de corrupción.

 

Esas funciones que perfila el Comité de Selección corresponden a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, a la Secretaría de la Función Pública y sus 40 Órganos Internos de Control, a las Sindicaturas Municipales, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.

 

La labor del Comité de Participación Ciudadana es diseñar y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción a las instancias facultades y obligadas a denunciar y sancionar actos de corrupción de servidores públicos y particulares en situación especial.

 

El presidente de la Comisión de Selección, Humberto Rodríguez Romero, un

jubilado del gobierno municipal tijuanense, que ahora preside el Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, donde Zurita López es integrante de la mesa directiva.

 

También Zurita López, a través del membrete Californix, propuso ante el Congreso del Estado a Raúl Castellanos Muñoz, para integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

 

Mediante Californix, Castellanos Muñoz le regresó el favor a Zurita

López al proponerlo como candidato al Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional; ambos ostentándose como representantes de este organismo de marras. Esa propuesta fracasó a nivel nacional, por lo que Zurita López se inscribió a nivel local donde ya fue consejero ciudadano. Una especie de reelección.

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Con esta metodología el aspirante con mayor puntuación, por consecuencia, es Zurita López.

 

ZURITA Y LA CORRUPCIÓN

 

Zurita Lopez ta fue consejero ciudadano a propuesta del entonces diputado Raúl Castañeda Pomposo, de quien fue maestro en la UABC. Otro pago.

 

Sin ninguna representación oficial convocó a 10 consejeros para cabildear con el Congreso del Estado el salario que percibirían en forma mensual. Tramitó la reunión con diputados y entregó un oficio con firmas apócrifas de los consejeros que le reclamaron su atrevimiento.

 

Ricardo Zurita minimizó el documento apócrifo al señalar que lo habían designado su representante y que planteó un salario de 80 mil pesos mensuales para cada uno. Así calló las protestas.

 

Con el nombramiento de Luis Irineo como secretario Ejecutivo del SEABC y la presidencia del CPC entre cinco consejeros honorarios que no recibirían un solo centavo se definió que el sueldo de los otros 10 consejeros sería de 30 mil pesos mensuales.

 

En protesta, Zurita rindió protesta ante el Congreso dos meses después de su designación por lo que al autorizarse monto de salarios solo recibió dos mensualidades.

 

Durante dos años se negó a firmar su contrato de prestación de servicios profesionales como los otros consejeros, un mecanismo imprescindible para sustentar cualquier pago en la administración pública estatal.

 

En ese período presentó quejas y demandas administrativas, civiles y hasta penales para acusar de corrupción a los integrantes del SEABC y del pago de sus honorarios, sin que procediera ninguno de sus alegatos.

 

Ante el acuerdo del CPC y de la Comisión del SEA para solicitar a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública un informe sobre la investigación de Los Moches -exigencia de sobornos a cambio de contratos de servicios en el gobierno de Jaime Bonilla-, el acuerdo para pedir la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en la entrega de sobornos y la discrecionalidad de cinco notarías públicas, Zurita se coludió con Vicenta Espinoza para “reventar” la sesión y paralizar al organismo ciudadano.

 

La legislatura de Bonilla secundó la medida, a través del diputado Juan Manuel Molina, so pretexto de una resolución de la SCJN que determinó que todos los consejeros debían cobrar, ya que 10 tenían salario y cinco eran honorarios, y que la entidad determinara el número de consejeros.

 

La SHFP removió a Irineo Romero y a los consejeros del CPC, designó a un encargado de despacho con abierta cercanía a Zurita López, quien se mantiene en el puesto y solo acude a la oficina dos días a la semana, y acordó el pago de salarios por un millón y medio de pesos en sesiones ilegales amparados por los designios de Vicenta Espinoza y el entonces auditor Jesús García.

 

Al ser improcedente los pagos de salarios de años anteriores, de acuerdo a la ley, en marzo de 2022, Zurita recibió solo 132 mil pesos como honorarios.