53 años tras las rejas por homicidio calificado y secuestro agravado

TECATE.- La Fiscalía General del Estado informa que Gabriel Erasmo Espinoza Lerma, alias “el Gabo” ha sido condenado a 53 años y 4 meses de prisión tras un procedimiento abreviado en el que se le declaró culpable de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, cometidos contra Juan Carlos.

Esta sentencia fue el resultado de una exhaustiva investigación realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, en colaboración con Servicios Periciales y elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Durante la investigación, se recopilaron testimonios, indicios y pruebas que llevaron a la parte acusada a aceptar su responsabilidad en el homicidio, lo que condujo a un procedimiento abreviado.

El crimen tuvo lugar el 6 de marzo de 2022, alrededor de las 22:00 horas, en la calle Caborca de la Nueva Colonia Hindú, sección Cafetalera Cerro Azul en Tecate, donde la víctima Juan Carlos, se encontraban a bordo de un vehículo marca Ford de color gris. En ese momento, Gabriel Erasmo Espinoza Lerma, alias “el Gabo”, y sus cómplices le dispararon con un arma de fuego, causándole una herida mortal en la cabeza.

El 31 de marzo de 2022, se emitió una orden de aprehensión contra Gabriel Erasmo Espinoza Lerma, la cual fue cumplimentada el 25 de abril de 2022, vinculándolo a proceso al día siguiente.

Este 30 de enero de 2024, se admitió el procedimiento abreviado, donde la Fiscalía presentó pruebas que respaldaban la teoría del caso, estableciendo la plena responsabilidad del acusado en los hechos delictivos. El imputado aceptó su participación y responsabilidad, renunciando al derecho de probar su inocencia en un juicio oral. Como resultado, el juez lo declaró penalmente responsable y dictó una condena de 53 años y cuatro meses de prisión.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la justicia y la seguridad de los ciudadanos, trabajando incansablemente para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, garantizando que ningún delito que afecte la integridad de los bajacalifornianos quede impune.

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