TIJUANA.- El encuentro nacional para una agenda de seguridad y justicia se está llevando a cabo en todo el país con el objetivo de establecer una visión común para diagnosticar y solucionar problemas aparentemente insolubles, encontrar soluciones directamente ligadas a los problemas específicos, realizar un análisis preciso de teorías del cambio y poder medir su impacto, además de generar un mapeo estratégico de actores relevantes para evitar duplicación de soluciones y fomentar la colaboración.
Este esfuerzo se materializa en 14 encuentros en diversas regiones del país, contando con la participación de múltiples actores sociales, incluidos estudiantes, investigadores, litigantes, colegios y Barras de abogados, así como representantes de la sociedad civil. Particularmente en el evento celebrado en Tijuana, se contó con la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynes Potisek.
El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Baja California, Leonardo Abarca Jiménez, tuvo una participación destacada al moderar la mesa de trabajo titulada «Calidad en la Justicia», parte del cuarto eje temático «Justicia y Rendición de Cuentas». El especialista destacó la pluralidad de las mesas de trabajo, que incluyeron a jueces federales y del fuero común, tanto civiles como penales, además de estudiantes y ciudadanos, quienes compartieron sus experiencias y opiniones, en especial aquellos que han sido víctimas de algún delito.
Cada mesa de trabajo se centró en un tema específico, utilizando una metodología definida para identificar los principales problemas que impiden una justicia de calidad. Las conclusiones derivadas de estas discusiones se capturaron y enviaron a la Suprema Corte de Justicia. Abarca Jiménez enfatizó la importancia del foro, especialmente en cuanto a la percepción ciudadana sobre los problemas de acceso a la justicia, como la prisión preventiva oficiosa, un tema altamente mediático.
«Creo que fue un foro bastante positivo, sobre todo por ver la percepción que tiene la ciudadanía de cuáles son los principales problemas de acceso a la justicia,» comentó. Subrayó la importancia de generar diagnósticos específicos en cada Estado, dada la diversidad de problemas y avances, como el uso de expedientes electrónicos y juicios en línea.
El encuentro se dividió en cuatro ejes temáticos:
1. Acceso a los Servicios Legales
– Derechos de las personas y la forma de conocerlos
– Personas abogadas y servicios legales que faciliten el acceso a la justicia
– Servicios legales para comunidades y grupos prioritarios
2. Seguridad y Justicia
– Seguridad pública y protección de derechos
– Atención a víctimas
– La investigación criminal
3. Sistema Nacional de Impartición de Justicia
– Acceso a la justicia
– Carrera judicial
– Justicia y tecnología
4. Justicia y Rendición de Cuentas
– Independencia judicial
– Disciplina judicial
– Calidad en la justicia
«Es plausible el ejercicio, desde el punto de vista en que se generen diagnósticos en cada Estado de la república, ya que cada entidad tiene una visión y problemas específicos,» afirmó Abarca. Agregó que espera que estos foros no se queden solo en propuestas, sino que realmente se materialicen en políticas y acciones que mejoren la impartición de justicia.
“Este encuentro es un paso significativo hacia la mejora del sistema judicial en México, buscando soluciones concretas y colaborativas que respondan a las necesidades de cada región y garanticen una justicia de mayor calidad y eficiencia para todos los ciudadanos”, concluyó.
Por su parte el licenciado Manuel Pérez-Freyre, Vicepresidente del Capítulo Baja California de la BMA, quien participó en la mesa de Acceso a la Justicia, destacó las propuestas y los distintos puntos de vista de los integrantes de dicha mesa, en la cual, en base a una metodología previamente establecida se llegaron a conclusiones específicas y concretas.
Un tema que se abordó en esta mesa fue el del rezago y lentitud de los procesos legales, en la cual, tanto ciudadanos, abogados litigantes, académicos y autoridades de juzgados civiles, familiares y administrativos compartieron su experiencia y los retos que desde su perspectiva existen para ser más eficientes los procesos legales y abatir el rezago.
Esta dinámica logró sensibilizar a todos los participantes, logrando generar empatía entre las partes involucradas, los justiciables y las autoridades correspondientes.
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