Reforma al poder judicial, reto al equilibrio de poderes: Marco Estudillo

ENSENADA.- La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial en México ha generado controversia y preocupación tanto en el ámbito político como en el económico, reiteró Marco Estudillo Bernal, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.

Indicó que, entre otras cosas, que propone cambios significativos como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección directa de jueces y magistrados por voto popular, que ha sido percibida como un reto para la estabilidad jurídica del país.

«Los mercados han reaccionado negativamente a la iniciativa, con importantes actores financieros expresando su inquietud, Morgan Stanley, por ejemplo, ha reducido su recomendación sobre las acciones mexicanas, citando un posible incremento en el riesgo y en las primas de riesgo de México debido a los cambios propuestos en el sistema judicial» dijo.

Este tipo de reacciones, refirió, reflejan la incertidumbre de los inversionistas ante una potencial erosión del Estado de Derecho y un debilitamiento de las instituciones judiciales, lo cual podría afectar la confianza en el país como un destino seguro para las inversiones.

Estudillo Bernal, manifestó que es esencial mantener la tranquilidad y el equilibrio entre los poderes. «Creo que el tema básico aquí es la necesidad de una imagen sólida del Estado de Derecho. No se trata de criticar por criticar, sino de asegurar que cualquier reforma mantenga la estabilidad y la independencia de las instituciones» afirmó.

A medida que se debate la reforma, advirtió, es crucial considerar sus posibles implicaciones tanto en el ámbito interno como en las relaciones internacionales, donde la modificación del Poder Judicial no solo afecta la dinámica política local, sino que también puede influir en las relaciones económicas y comerciales de México con otros países.

Puntualizó que el enfoque debe estar en asegurar que cualquier cambio preserve la integridad y la imparcialidad del sistema judicial, garantizando así un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico.