Reforman Código Penal para garantizar claridad y seguridad jurídica en Baja California

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Mexicali, BC.- En sesión del Pleno del Congreso de Baja California, se aprobó una reforma al Código Penal estatal que busca asegurar la claridad y precisión en la redacción de las penas aplicables a diversos delitos.

Los artículos 179, 180, 180 BIS, 201 BIS y 233 fueron modificados como parte de una iniciativa presentada por el diputado Ramón Vázquez Valadez, orientada a fortalecer la seguridad jurídica y prevenir posibles interpretaciones ambiguas de la ley.

El legislador destacó que esta reforma responde a la necesidad de un marco normativo penal claro, alineado con los principios de justicia y taxatividad, garantizando una correcta aplicación de las penas.

“La omisión de términos como ‘prisión’ en ciertos artículos puede generar incertidumbre sobre la intención legislativa, lo que abre la puerta a interpretaciones divergentes y afecta la legitimidad del sistema de justicia penal. Esta reforma busca eliminar esas ambigüedades y fortalecer la confianza ciudadana en nuestras leyes,” afirmó Vázquez Valadez.

La aprobación de esta reforma, avalada por unanimidad en el Congreso, refuerza la precisión normativa al describir de manera explícita las sanciones aplicables, promoviendo una interpretación uniforme entre jueces y operadores del sistema judicial. Esto no solo garantiza coherencia en la aplicación de la ley, sino también un sistema penal más equitativo para la población.

Principio de taxatividad como eje central

La iniciativa cumple con el principio de taxatividad al establecer de manera detallada las conductas reguladas y las penas correspondientes, lo que fortalece la seguridad jurídica en Baja California. Al contar con un marco legal más comprensible, se prevé que la ciudadanía tenga acceso a una justicia más eficiente y transparente, consolidando un sistema penal que protege los derechos fundamentales.

Con estas modificaciones, Baja California da un paso significativo hacia un sistema de justicia penal más sólido, que privilegie la certeza jurídica y la equidad en la aplicación de las leyes.