PAN Ensenada exige investigación a fondo por 177 «aviadores» de Armando Ayala

En Línea Baja California

Ensenada, BC. – Tras el despido de 177 personas identificadas como «aviadores» en el Ayuntamiento de Ensenada, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (CDM-PAN) exigió a la Sindicatura una investigación a fondo para esclarecer los presuntos delitos derivados de la contratación de personal que cobraba sin trabajar.

La presidenta del CDM-PAN, Carmen Iñiguez Casanova, reconoció la decisión de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz al cesar a estos empleados, quienes causaban un presunto daño anual al erario de casi 29 millones de pesos. Sin embargo, consideró que el caso no debe cerrarse ahí y urgió a las autoridades a identificar y sancionar a todos los responsables.

“Reconocemos el valor de la alcaldesa por haber tomado esa decisión, pero también exigimos que se siga investigando dentro del Ayuntamiento si existen más personas que estén en calidad de aviadores”, sostuvo la dirigente blanquiazul.

Iñiguez Casanova señaló que la contratación de aviadores podría constituir diversos delitos, como fraude, colusión de funcionarios, desvío de recursos públicos y encubrimiento, por lo que demandó que se abra una carpeta de investigación en contra del exalcalde y actual senador Armando Ayala Robles, así como del exoficial mayor y otros funcionarios de la pasada y presente administración, incluidos quienes estuvieron a cargo de finanzas y la exsíndica municipal.

Además, la dirigente panista solicitó que los recursos públicos recuperados —que ya suman alrededor de 2 millones 400 mil pesos mensuales, según cálculos preliminares— se destinen a áreas prioritarias y se informe con transparencia sobre su uso.

“Es indispensable que la ciudadanía conozca qué se hará con ese dinero. Debe invertirse en servicios públicos, seguridad y obra social que beneficie a los ensenadenses”, enfatizó.

Finalmente, Iñiguez Casanova propuso transparentar la plantilla laboral del gobierno municipal, incluyendo perfiles, sueldos y funciones específicas de cada empleado, con el fin de asegurar que todos los servidores públicos realmente cumplan con su trabajo.

“Este problema no es nuevo, se ha repetido administración tras administración. Es hora de romper con esa práctica y llegar hasta las últimas consecuencias”, concluyó.