Seguridad Escolar tema prioritario: IRISPREVENCIONBC

Ante los recientes actos de violencia en distintos planteles educativos del país y, en particular, en los pertenecientes al Estado de Baja California, donde se involucra la integridad física y psicoemocional de las y los integrantes de la comunidad escolar, surgen algunas interrogantes; entre ellas ¿Quién se encarga de ella?, ¿A quién le corresponde su supervisión y ejecución?, ¿Existen fundamentos que procuren la participación social en la educación?, a sabiendas de que existen ordenamientos, acuerdos y lineamientos que versan sobre la seguridad escolar, ¿Las y los integrantes de la comunidad escolar, conocen de ellos?

Para ir despejando el panorama, es necesario contextualizar la realidad que se vive en la región. En un breve, pero conciso estudio visual realizado de forma presencial en distintos planteles educativos de nivel básico y medio superior, obtenemos que el 97% de las escuelas visitadas, no cuenta con publicidad o información visible donde se establezcan números de emergencia y/o denuncia, información sobre instituciones públicas que brinden apoyo en temas psicológicos y/o psiquiátricos, información sobre instituciones públicas que conozcan sobre denuncias en cualquier modalidad y le dan seguimiento, sobre el centro de justicia para mujeres (CEJUM), ni sobre aplicativos móviles que brinda Estado y/o Municipio, cuya finalidad es optimizar los tiempos de respuesta ante una situación de peligro inminente, afirman especialistas del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en Baja California.

Pero ¿Qué importancia tiene dicha información? La cultura de la denuncia se ha contaminado a tal grado que niñas, niños y adolescentes, desconocen el medio y las alternativas para reportar y en su caso, denunciar alguna conducta criminal y/o algún problema social. Siendo ésta, la base para canalizar y poder identificar tipos y modalidades de violencia, además de conductas que pueden llegar a constituir un delito por conducta u omisión.
Además de crear conciencia sobre lo importante que es enterar a la autoridad sobre lo que está a punto de suceder, lo que está sucediendo y lo que se ha realizado, el manejo oportuno de esta información, puede crear una imagen y establecer una cercanía entre las instituciones públicas con niñas, niños y adolescentes, haciendo acto de presencia y participando dentro de su competencia en temas relevantes para el libre y próspero desarrollo de las y los menores.
Cabe resaltar que el brindar información a las y los estudiantes, no producirá de un momento a otro, seguridad escolar.
Para lograr un adecuado ambiente escolar, es necesario que se trabaje de forma integral. Es importante que la plantilla de docentes y administrativos de cada plantel académico sea capacitada en la detección de conductas de riesgo y en los protocolos adecuados para canalizar a posibles víctimas y/o agresores (as) según sea el caso. Además de fomentar la integración y participación de madres, padres, tutores y tutoras en estrategias académicas y de seguridad por conducto de los consejos de participación social en la educación.
Es una realidad que, en proporción al desconocimiento de información por parte de las y los estudiantes, tanto docentes como administrativos, desconocen gran parte de las atribuciones y/o responsabilidades que les son reconocidos en diferentes ordenamientos, lineamientos y protocolos. Con base en una encuesta breve y concreta, 17 de cada 20 docentes y/o administrativos, desconocen que existe un Protocolo de Protección Integral Escolar a nivel estatal; de igual forma desconocen el contenido de la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California. Pero esto no es lo más alarmante, ya que en un mayor porcentaje tanto madres, padres, tutores y tutoras, desconocen totalmente que existe un documento oficial que faculta y fundamenta, la participación social en la educación. Publicado en el año 2013 y reformado por última vez en 2017, el acuerdo que establece los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, es un documento público que no se ha difundido con la proporción necesaria para ser considera por las y los integrantes de la comunidad escolar.
Si bien, se requiere trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional, es
importante iniciar con las herramientas existentes, ya que los actos de violencia cada vez son más constantes y se extienden por gran parte de la región.
Existen diversas instituciones públicas y privadas, que tienen como finalidad capacitar y certificar a la comunidad en temas preventivos, así como instituciones que atienden y canalizan a posibles víctimas para una adecuada reinserción social, pero ¿es suficiente con los esfuerzos aislados de algunos? No. Ya que el nivel de violencia social que se vive en planteles educativos, ha originado que a nivel comunitario las nuevas generaciones manifiesten conductas antisociales asociadas con la criminalidad de algunos delitos. De manera relacionada, podemos apreciar como la alerta de género en nuestra entidad se mantiene y aumenta ante la mirada y seguimiento de mesas de trabajo que en un esfuerzo multidisciplinario por parte de los tres niveles de gobierno, trata de atender y erradicar todo tipo de violencia y/o conducta feminicida. Otra problemática social asociada a la desatención del ambiente estudiantil, es la expansión y el crecimiento de organizaciones criminales de origen mexicano, relacionados a la venta y distribución de sustancias ilícitas. Un claro ejemplo de ello, es la demanda de material audiovisual asociada a la narco-cultura, por parte de las y los alumnos.
Cabe mencionar que en éste artículo, se busca crear conciencia de la comunidad en general procurando la integración de todos los sectores que intervienen en la coproducción de seguridad escolar; principalmente del área legislativa, ya que es necesario que atraiga el tema de seguridad escolar como una de las prioridades para las mesas de trabajo de seguridad estatal, no solo por dar cumplimiento a algunas problemáticas superficiales como lo son las cuotas anuales, mucho menos condicionar los requisitos establecidos para cada inicio del periodo escolar… Es necesario reestructurar roles, actividades y responsabilidades que procuren el contrapeso social e interinstitucional en la educación en general. Establecer y dotar de vigor reglamentos estandarizados que regulen el acceso de herramientas y materiales a los planteles educativos; crear vínculos con instituciones públicas y/o privadas que de manera complementaria y de ser necesario supletoria, solventen las necesidades psicológicas, médicas y psiquiátricas de las y los integrantes de la comunidad escolar; actividades deportivas y apoyos económicos que brinden de manera real una alternativa recreativa al alumnado y; certificaciones en materia de derechos humanos, perspectiva de género, prevención de adicciones, entre otros.

_Es una colaboración que publica el Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en el Estado de Baja California
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