TIJUANA.- La comunidad de Tijuana se encuentra conmocionada tras el asesinato de la activista Angelita Meraz León, quien desde 2018 dedicó su vida a la búsqueda de su hermano desaparecido. Este acto, que ha generado una ola de indignación entre la sociedad civil, pone en evidencia la profunda desconfianza hacia las autoridades y su capacidad para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen.
Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), ha señalado la previsible respuesta de las autoridades, prometiendo que el caso será investigado «hasta las últimas consecuencias». Sin embargo, estas palabras suenan vacías para una población que ha visto promesas similares incumplirse repetidamente. Quijano Sosa recalca la posición de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra en el lugar número 28 de 32 en el país en términos de productividad en la investigación de delitos, lo que hace poco probable la detención de los culpables en el caso de Meraz León.
La falta de resultados efectivos en la lucha contra la impunidad no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también alimenta la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, a pesar de un reporte de disminución en los casos de homicidio. La declaración de Quijano Sosa resalta un problema estructural en el enfoque de seguridad adoptado por las autoridades a nivel municipal, estatal y federal, quienes, según él, no han logrado comprender la magnitud del desafío que enfrenta el estado.
El asesinato de Angelita Meraz León no es solo una tragedia personal y familiar, sino un símbolo de la lucha incansable de quienes buscan justicia en un sistema que parece diseñado para frustrar sus esperanzas. La demanda del CCSPBC de abandonar el discurso vacío y tomar acciones concretas refleja el clamor de una sociedad que exige cambios significativos en la manera en que se aborda la seguridad y la justicia en Baja California y en todo México.
La muerte de Meraz León debe servir como un llamado a la acción para las autoridades, instándolas a adoptar un enfoque más efectivo y empático hacia la seguridad y la justicia. Solo así se podrá comenzar a restaurar la confianza en las instituciones encargadas de proteger y servir a la ciudadanía.
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