Antonio Heras
MEXICALI.- En la investigación administrativa contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus colaboradores se encuentra el «Asunto Mexicali», una muestra de la manera en que operaba el Consejo de la Judicatura para orientar resoluciones en favor de intereses personales, según la denuncia anónima.
El documento refiere que en este caso un juez federal sufrió las consecuencias de no apegarse a las instrucciones del Consejo de la Judicatura ni de la Presidencia de la SCJN.
En 2021, el juez José Luis Horta Herrera fue destituido del Poder Judicial de la Federación, tras una resolución judicial en un caso registrado en la capital de Baja California donde estaba adscrito en el Centro de Justicia Penal.
En la denuncia se señala que en 2019 Carlos Antonio Alpízar, entonces secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal,
lo contactó para ordenarle que emitiera la vinculación a
proceso.
Al no hacerlo se inició un procedimiento administrativo contra el juez que concluyó con su destitución.
Aunque en el escrito se señala que en este caso tiene que ver con el juicio de un miembro de las fuerzas armadas, se trató de una denuncia de la Sedena contra dos personas por acopio y transporte de 36 armas de fuego, lo que el CJF consideró que era «inexcusable» dejar de enjuiciarlos.
Después de dos años de combatir la resolución, el juez Horta fue restituido en junio de 2023 y cobró los «salarios caidos» desde la separación de su cargo.
El argumento contra la decisión del CJF fue que se convirtió en un tribunal de revisión y no de un ente que analiza si los jueces incurrieron en faltas administrativas.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas es la encargada de realizar la investigación de personal cercano al exministro Zaldívar, entre ellos a Alpízar Salazar y a la ex contralora del PJF Arely Gómez, recién nombrada Auditora Especial de la Auditoría Superior de la Federación.
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