Niega MAPO persecución política vs Jaime Bonilla

Por Atahualpa Garibay

TIJUANA.- La gobernadora del estado, Marina de Pilar Ávila Olmedo rechazó que haya una persecución política contra el ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez, quien fue citada a declarar ante la Fiscalía el día de hoy.

Durante la «mañanera» de los miércoles, la mandataria estatal afirmó que ésta no es una «cacería de brujas» ni una revancha política y es «mas ni siquiera voy hacer leña del árbol caído».

«Yo lo único que hago es defender los recursos de las y los bajacalifornianos, y aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que están en juego», expresó.

«Y si yo no defiendo (los recursos) estaría incurriendo en un daño patrimonial para las y los bajacalifornianos, entonces es parte natural de un procedimiento de un proceso que se va a llevar a cabo (la comparecencia de Bonilla)», explicó.

Destacó que este citatorio llegó apenas hace unos días a Jaime Bonilla, después de una semana de que se terminó el fuero al ex gobernador, para que «vean que de manera natural se esta llevando todo este proceso».

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado inició en 2022 una carpeta de investigación en contra de once ex funcionarios encabezados por el exgobernador Bonilla, por diferentes delitos, entre ellos peculado y daño patrimonial, por el caso de la fallida construcción de una planta fotovoltaica en Baja California.

Según la FGE, Bonilla y sus más cercanos desviaron recursos a una empresa particular (más de 140 millones de pesos durante varios años) para la construcción de dicha planta, de la que no se colocó ni una barda perimetral.

Por este caso también la FGE imputó a directivos de Banca Afirma, de los que hay prófugos, ya que se les acusa de confabularse con los ex funcionarios para apropiarse de los recursos de Baja California.

Jaime Bonilla dejó la gubernatura y luego volvió al Senado de la República por lo que durante casi dos años tuvo fuero y no podía ser citado a comparecer. A las 2:00 horas de este miércoles esta citado en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Baja California.