Sentencian a 38 años de cárcel a Genaro García Luna ex secretario de seguridad

EU.- Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a
2012, ha sido condenado hoy por el juez de distrito de Estados Unidos Brian M. Cogan a 420
meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares por su ayuda durante una década al cártel
de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Tras un juicio de cuatro semanas en
febrero de 2023, García Luna fue declarado por un jurado culpable de participar en una
organización criminal continue, conspiración para la distribución internacional de cocaína,
conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para
importar cocaína, y hacer declaraciones falsas.
Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York,
Anne Milgram, Administradora de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA), y
Katrina W. Berger, Directora Ejecutiva Asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI), anunciaron el veredicto.
«La sentencia dictada hoy contra Genaro García Luna es un paso fundamental en
la defensa de la justicia y el Estado de Derecho. Su traición a la confianza pública y a las
personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de
kilogramos de estupefacientes letales en nuestras comunidades y desató una violencia
incalculable aquí y en México. Esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie,
independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley,» declaró el Fiscal de
los Estados Unidos Peace. «Tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará
casi 40 años donde debe de estar: en una prisión federal».
«La sentencia dictada hoy contra el ex Secretario de Seguridad Pública de
México, Genaro García Luna, envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo
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que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ningún poder les protegerá de la
justicia», declaró la administradora de la DEA, Anne Milgram. «García Luna aceptó millones de
dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que millones de kilogramos de cocaína
inundaran las calles de Estados Unidos. En lugar de proteger a los ciudadanos de México, García
Luna protegía a los cárteles de la droga. La DEA seguirá persiguiendo implacablemente a las
organizaciones de narcotraficantes y a quienes las protegan.»
«La sentencia dictada hoy envía un poderoso mensaje de que nadie está por
encima de la ley», declaró Katrina W. Berger, Directora Ejecutiva Asociada de HSI. «HSI
continúa con su compromiso conjunto de desarticular y desmantelar las redes delictivas
responsables de introducir narcóticos mortales en Estados Unidos.
»
Como se demostró en el juicio, de 2006 a 2012, García Luna fue el máximo
responsable de la aplicación de la ley en México, ocupando el cargo de Secretario de Seguridad
Pública y, como tal, controlaba la Policía Federal de México. Anteriormente, de 2001 a 2005, el
acusado fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México. El acusado utilizó sus
cargos oficiales para ayudar al violento Cártel de Sinaloa (el Cártel) a cambio de millones de
dólares en sobornos. Las actividades de García Luna incluían facilitar el paso seguro de los
cargamentos de droga del Cártel, proporcionar información confidencial acerca de las fuerzas de
seguridad y sus investigaciones del Cártel, y ayudar al Cártel a atacar a otros cárteles de droga
rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas
a Estados Unidos.
A cambio de sobornos, la Policía Federal del acusado actuaba como guardaespaldas y
escolta del cártel, permitiendo a los miembros del cártel llevar uniformes e insignias policiales y
ayudando a descargar los cargamentos de cocaína de los aviones en el aeropuerto de Ciudad de
México, para después entregar la cocaína al Cártel. Al acusado se le pagó en moneda
estadounidense, metida en varias maletas, portafolios, y bolsas de lona. Las cantidades de los
sobornos aumentaron a lo largo de los años a medida que el cártel de Sinaloa crecía en tamaño y
poder gracias a la ayuda del acusado. Antiguos miembros del cártel testificaron que el dinero de
los sobornos se le entregaba al acusado en diversos lugares, como en una «casa segura» situada
en Ciudad de México, donde se ocultaban grandes cantidades de dinero en efectivo en una pared
falsa, en un lavadero de coches de Guadalajara, y en un restaurante francés de Ciudad de México
situado frente a la embajada de Estados Unidos. Además, a cambio de los millones de dólares en
sobornos, la Policía Federal que el demandado lideraba filtró información confidencial que
permitió al Cártel eludir la detección por parte de las fuerzas de seguridad, o utilizar dicha
información en ataques contra traficantes rivales. Finalmente, después de mudarse a Estados
Unidos en 2012, García Luna presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió
sobre su conducta criminal pasada en nombre del Cártel en un intento por convertirse en
ciudadano estadounidense.
En relación con los procedimientos posteriores al juicio, el Tribunal también
determinó que, mientras esperaba la sentencia, García Luna obstruyó la justicia cuando intentó
sobornar a otros reclusos para que prestaran falso testimonio en un intento de anular el veredicto
del jurado.
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La investigación fue dirigida por la New York Strike Force, una unidad de lucha
contra la delincuencia compuesta por organismos policiales federales, estatales y locales que
cuenta con el apoyo de la Organized Crime Drug Enforcement Task Force y la New York/New
Jersey High Intensity Drug Trafficking Area. La Strike Force tiene su base en la División de
Nueva York de la DEA y cuenta con agentes y funcionarios de la DEA, el Departamento de
Policía de la Ciudad de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York, Investigaciones de
Seguridad Nacional, la División de Investigación Criminal del Departamento de Hacienda, la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Aduanas y Protección de Fronteras
de EE.UU., el Servicio Secreto de EE.UU., el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la
Guardia Nacional de Nueva York, el Departamento de Policía de Clarkstown, la Guardia Costera
de EE.UU., el Departamento de Policía de Port Washington, y el Departamento de
Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.
La El Dorado Task Force (EDTF) de HSI en Nueva York desempeñó un papel
importante en esta investigación. La EDTF está compuesta por más de 200 miembros de las
fuerzas del orden que representan a unos treinta y cinco (35) organismos policiales y reguladores
federales, estatales y locales, incluida la DEA.
El caso del gobierno está siendo tramitado por la Sección Internacional de
Estupefacientes y Lavado de Dinero de la Oficina. Los fiscales adjuntos Saritha Komatireddy,
Erin Reid, Ryan C. Harris, Philip Pilmar y Adam Amir están a cargo de la acusación, con la
asistencia de las paralegales especialistas Huda Abouchaer y Melissa Bennett.