Seguritech asegura rentar un servicio, no garantizar más seguridad en BC
Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Seguritech instalará en Baja California únicamente el equipo tecnológico solicitado por el gobierno del estado sin tomar en cuenta la accidentada orografía de ciudades como Tijuana, Tecate y Rosarito, además, de los 790 millones de pesos que costará el contrato firmado, la mayoría del dinero será para pagar el servicio de transmisión de información.
En conferencia de prensa, el director de Seguritech, Fernando Peña Palacios aclaró que no está en manos de la empresa que representa y la tecnología que instala la posible reducción en el índice de delitos que se cometen “ya que nuestro servicio solo es una ayuda tecnológica para que la autoridad tome mejores decisiones”.
Aclaró que al día de hoy no ha cobrado los primeros 19 millones del contrato “ya que entregamos la documentación al gobierno de Baja California y el pago podría formalizarse durante el mes de noviembre y aclaró que tiene la confianza en que le pagarán según lo pactado” pese a los compromisos económicos del Ejecutivo con los maestros a los que adeuda 130 millones de pesos.
Explicó que el contrato aprobado constituye un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, que constará de 50 posiciones de videovigilancia con cinco cámaras cada uno, nueve arcos carreteros, una red de fibra óptica, una red alterna inalámbrica, un sistema de administración de software, 5 mil botones de enlace ciudadano, 5 mil 250 botones unitarios.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública ha sido el más renuente a que se lleve a cabo este contrato alegando entre otras cosas la carencia de policías y el equipamiento que los oficiales requieren, además lo costoso que resulta el quipo a instalarse comparado con los precios que la tecnología tiene en el mercado. Para detenerlo han presentado una demanda de amparo.
En respuesta Seguritech ha iniciado un proceso judicial por daño moral en contra de “quien resulte responsable” y pese a asegurar que lee todas las información en medios de comunicación, no quiso citar por su nombre al contador público Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCSPBC.
Rechazó que los costos del C5i estén inflados e inclusive que haya un acuerdo ilícito ya que la empresa primero tendría un contrato como Asociación Público Privada con la administración que encabeza Francisco Vega de Lamadrid y luego casualmente ganó la licitación. La otra empresa contendiente fue eliminada por un tecnicismo legal.