Proponen sancionar a funcionarios por incumplimiento de pagos a proveedores

En Línea Baja California

MEXICALI. Con el propósito de sancionar a los servidores públicos que, por mal desempeño o incumplimiento de sus funciones, provoquen la falta de pago a proveedores de instituciones públicas, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

Durante la exposición de motivos, Sánchez Sánchez destacó que los incumplimientos en los pagos pactados en contratos celebrados bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California permiten a los proveedores emprender acciones legales mediante juicios en las vías civil y mercantil, lo que genera inestabilidad en la relación entre los entes gubernamentales y el sector privado.

“La presente iniciativa resulta de vital importancia para regular la actividad mercantil y evitar que el incumplimiento por parte del Estado perjudique a los proveedores. Se propone que este tipo de actos sean considerados como una falta administrativa no grave dentro de las obligaciones establecidas en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado”, explicó la legisladora.

La reforma busca garantizar que los funcionarios involucrados en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones cumplan en su totalidad con los términos de los contratos, incluyendo el pago de las contraprestaciones pactadas. En caso de omisión o incumplimiento, los responsables serían sancionados conforme a los términos de la ley.

Sánchez Sánchez subrayó que esta medida fortalece los principios de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio gubernamental, permitiendo que el gobierno acepte la responsabilidad de sus acciones y sancione a los servidores públicos responsables de irregularidades.

“La rendición de cuentas no solo implica explicar las acciones del gobierno, sino también asumir las consecuencias de las mismas. Con esta reforma, se busca garantizar que los proveedores cuenten con la seguridad de que los contratos que celebren con el Estado serán cumplidos de manera íntegra y oportuna”, concluyó.

La propuesta legislativa pretende consolidar un marco jurídico que promueva la confianza entre el sector público y los proveedores, a la vez que incentiva un ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos.