Regidor Miguel Loza califica de inviable el decreto de reemplacamiento obligatorio

TIJUANA.- El regidor Miguel Loza, del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró su postura en contra del decreto de reemplacamiento vehicular que entrará en vigor el próximo 1 de julio y calificó la medida como una carga económica innecesaria para los ciudadanos en un contexto de crisis financiera.

En una reunión con el Grupo Madrugadores de Tijuana, Loza señaló que aunque el decreto establece un periodo de seis meses en el que el reemplacamiento será opcional, este se volverá obligatorio para todos los automovilistas después del 30 de junio. “No nos engañemos, este plazo es solo una estrategia para enfriar el tema y minimizar el descontento de la población”, expresó el regidor.

Impacto económico para los ciudadanos

El edil advirtió que los costos acumulados por la revalidación de calcomanías y el reemplacamiento alcanzarían casi los 3 mil pesos. Desglosó que la revalidación costará aproximadamente 1,500 pesos y el trámite de reemplacamiento o cambio de placas tendrá un costo de 1,800 pesos, afectando severamente el bolsillo de los ciudadanos.

“Es inconcebible que el costo de mantener un vehículo sea más alto que el de pagar el predial de una construcción promedio, lo que claramente muestra que esta medida es meramente recaudatoria y no tiene justificación real”, señaló.

Loza también destacó que este gasto adicional llega en un periodo complicado, marcado por los gastos escolares, la compra de uniformes, medicamentos por las bajas temperaturas y la llamada cuesta de enero.

Falta de transparencia en el destino de los recursos

El regidor cuestionó la falta de claridad sobre el uso de los recursos que se pretende recaudar, estimados en 900 millones de pesos. “No hay información precisa que indique si este dinero se destinará a algún programa, obra o proyecto específico. Esto refuerza la percepción de que el decreto es únicamente una medida recaudatoria”, comentó.

Invitación a la ciudadanía

Miguel Loza hizo un llamado a la población para manifestarse en contra de esta disposición, argumentando que no se debe imponer un gasto adicional sin una base que lo sustente. También sugirió regresar al decreto anterior, que contemplaba la condonación del pago de placas, permitiendo el cambio únicamente en casos necesarios, como cuando las láminas pierden visibilidad.

“El cambio de placas debe ser opcional, no una obligación impositiva que atenta contra la economía de los ciudadanos”, concluyó el regidor tijuanense.

La propuesta de Acción Nacional busca que el gobierno estatal priorice políticas que no perjudiquen el bienestar económico de las familias bajacalifornianas, especialmente en contextos de vulnerabilidad financiera.