¿Y las finanzas del crimen?
Por Ricardo Ravelo/sinembargo.mx
El miércoles 14, por fin fue presentado el proyecto para enfrentar el flagelo de la inseguridad en los próximos seis años, después de varias décadas de vacíos en esta materia y de políticas erráticas que sólo fortalecieron a la delincuencia organizada y debilitaron a las instituciones.
El anuncio del llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad estuvo a cargo de Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. El político sonorense leyó el proyecto, cuyas partes medulares, según expuso, consisten en la creación de una Guardia Nacional que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este grupo de élite estará conformado por elementos de las policías naval, militar y Federal; en resumen, será una estructura militar que se ocupará de enfrentar a los grupos criminales, coadyuvará con el Ministerio Público –esto quiere decir que estará facultada para realizar investigaciones criminales –y operará en todo el país. Su integración y operación total quedará lista en 48 meses.
El anuncio sorprendió, sin duda, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por una medida que, en otro momento, fue una de las más cuestionadas por él mismo: el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad pública.
El presidente electo fue uno de los más críticos del Ejército y de su continuidad en tareas de seguridad y en más de una ocasión, sobre todo durante su campaña política, se inclinó por el retorno de militares y marinos a sus cuarteles.
Sin embargo, López Obrador y su equipo terminaron dominados por el poder militar. Poco después de haber ganado las elecciones, el tabasqueño se reunió con los titulares de Marina y Sedena para dialogar sobre las condiciones del país. Después de aquel encuentro López Obrador salió convencido de que no hay más alternativa que mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de combate a la inseguridad.
Y es que quizá López Obrador ignoraba la verdadera situación del país en el plano de la seguridad. En realidad las policías, en su mayoría, están “cartelizadas”, es decir, al servicio de los grupos criminales.
El problema hizo crisis en los municipios del país, donde alcaldes, síndicos y regidores, por decir lo menos, están relacionados con células del crimen organizado y los cuerpos policiacos realizan operaciones de protección, secuestros, “halconeo” y en muchos casos actúan como sicarios.
La única policía numerosa y en mejores condiciones es la Federal, pero el número de sus elementos son insuficientes para enfrentar a los catorce cárteles afincados en el país, cuyas ramificaciones se han extendido en todo el territorio e incluso en buena parte del continente.
De ahí la necesidad de que las Fuerzas Armadas continúen en estas labores. Por ahora no hay otra alternativa.
La exposición de Durazo fue detallada, pero sin explicar el cómo de las cosas. Fue enfático, por ejemplo, al decir que combatirán la corrupción y que este delito pasará a la categoría de grave, pero no dijo cómo. Planteó que habrá amnistía para grupos del crimen organizado, pero tampoco explicó los detalles respecto de cómo se aplicará, en qué circunstancias y quienes podrían ser los beneficiados.
Habló sobre la liberación del consumo de muchas sustancias (drogas) cuya prohibición –dijo –ya es insostenible. Es el caso de la marihuana, la cual se liberará para usos médicos y recreativos. No habló de las drogas sintéticas, por ejemplo, consideradas el nuevo azote de la humanidad.
Tampoco se refirió al tema medular del combate criminal: el desmantelamiento de las redes patrimoniales y financieras del crimen organizado. Dentro y fuera de México se ha insistido, porque es una medida sustancial, que para enfrentar a la mafia los gobiernos deben implementar estrategias de combate al lavado de dinero.
También se deben llevar a cabo planes de acción para conocer el patrimonio del crimen: sus empresas, sus negocios, sus inversiones, sus triangulaciones, la compra de propiedades y la red de lavadores de dinero que operan en estas actividades dentro del crimen organizado.
No se habló, por ejemplo, de afinar una ley de Extinción de Dominio –muy exitosa, por cierto, en Colombia para debilitar a los cárteles –que se impone como necesaria en el país dado los elevados índices de violencia. Tal parece que López Obrador combatirá al crimen sin afectar su patrimonio. Y aquí cabe preguntar si esta estrategia dará resultados. Militarizar el país, con Guardia Nacional o sin este instrumento, no garantiza la seguridad. Ya lo vivimos en el sexenio fallido de Felipe Calderón, el señor de la guerra, cuyos resultados jamás pudieron verse.
En tanto se implementa el proyecto de la Guardia Nacional, dijo Durazo, el país estará resguardado por regiones. Son más de 260 regiones en las que se dividió el país para enfrentar la violencia, cada una, según el proyecto, tendrá un jefe y un grupo bajo su mando. Es el mismo esquema del narco. Así operan Los Zetas, por ejemplo, con “estacas” en cada región, pero en este caso los grupos regionales se ocuparán de contener la inseguridad y la violencia.
A López Obrador, a su proyecto y al equipo que se hará cargo de la seguridad del país habrá que otorgarles el beneficio de la duda. Las circunstancias del país están convertidas en un verdadero desastre y es necesario enfrentar este escenario, pues de otra forma el gobierno de López Obrador irá directo al fracaso. No habrá éxito sexenal sin paz social en México.
Todas estas medidas, para ejecutarse, necesitarán la aprobación del Congreso, ya que se requerirá modificar la Constitución. Aquí será interesante estar atentos porque el narcotráfico también tiene representación en la Legislatura.