PAN Tijuana rechaza la transferencia del C5 a la Fiscalía General del Estado

TIJUANA.-  El líder del Partido Acción Nacional en Tijuana, Christopher Domínguez Meraz, calificó como una ocurrencia la reciente aprobación en el Congreso de Baja California de transferir el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) a la Fiscalía General del Estado (FGE).

«El C5 es una herramienta clave para la prevención del delito y la atención de emergencias, ya que coordina el despacho del 911, el monitoreo de videovigilancia y la comunicación entre cuerpos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia. Transferir su control a la Fiscalía, cuya función principal es la investigación y persecución de delitos, es un despropósito que carece de cualquier justificación técnica sólida», señaló Domínguez Meraz.

El líder municipal del PAN enfatizó que la medida contraviene las mejores prácticas en materia de seguridad pública, ya que Baja California sería el único estado donde el C5 no estaría bajo la administración del Ejecutivo estatal.

«Incluso esta decisión contraviene el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica de 2019, que establece que las funciones preventivas deben recaer en las instituciones policiales. No contempla a las fiscalías con tareas preventivas en el esquema que ellos mismos diseñaron», añadió.

Además, Domínguez señaló la incongruencia de transferir una función operativa de seguridad pública a un ente autónomo. «La Fiscalía no es un órgano de seguridad. Su función principal es la procuración de justicia con autonomía constitucional, no la coordinación de emergencias ni la vigilancia operativa. Asignarle el control del C5 compromete su independencia y rompe la separación entre prevención, persecución y procuración de justicia, alejándose de cualquier modelo efectivo en materia de seguridad», afirmó.

También advirtió sobre los obstáculos administrativos que generará la medida, ya que el Ejecutivo no tiene autoridad sobre la Fiscalía. «El Gobierno del Estado es el responsable de la seguridad y debe rendir cuentas a la ciudadanía. No puede delegar esta obligación a un organismo autónomo que no tiene la facultad de coordinar operativos ni de responder a emergencias en tiempo real. Esto solo diluye la rendición de cuentas y debilita la estrategia de seguridad pública», sostuvo.

«Es alarmante que una reforma de tal magnitud se haya aprobado sin una discusión amplia y sin considerar la opinión de expertos en seguridad y de la sociedad civil. Esta opacidad solo genera desconfianza y sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta medida”, expresó.

«El Gobierno del Estado debería dar marcha atrás a esta reforma que todavía no se publica. La seguridad de las familias bajacalifornianas no debe ser objeto de experimentos ni de decisiones improvisadas”, finalizó el líder municipal.