Sin fondos Gobierno de BC para garantizar contrato de desaladora de Rosarito
Antonio Heras/Jorge Heras
MEXICALI.- El plazo para que el Gobierno de Baja California obtuviera recursos para garantizar la operación de la planta desaladora de Playas de Rosarito concluyó el 31 de diciembre de 2018, aseguró el diputado del partido local Transformemos, Luis Moreno Hernández.
El legislador citó un comunicado de la empresa Consolidated Water Co., socia mayoritaria del consorcio Aguas de Rosarito, donde advierte sobre la inexistencia de instrumentos financieros para el desarrollo de este proyecto que tendría duración de 37 años y estaría destinado a proveer agua potable del Océano Pacífico a los clientes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
«El 7 de enero, el presidente de Consolidated Water, Rick McTaggart
informó a sus accionistas que el 31 de diciembre se venció el plazo para que la CESPT pudiera buscar líneas de crédito que ayudaran a garantizar el pago de contraprestaciones que la paraestatal está obligada a entregar mensualmente durante 37 años, lo que significa que el contrato de la planta desaladora con el gobierno (estatal) está sin efecto en tanto no se resuelva el problema», expuso.
En el contraro se establece que este organismo operador del agua de esta ciudad fronteriza está obligado a garantizar el pago del servicio en caso que los usuarios incumplan con las facturas mensuales.
Este contrato de inversión bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas deberá ser presentado por tercera ocasión ante el Congreso local para una nueva autorización de los mecanismos institucionales para extender la garantía de pago.
Esta obra carece de respaldo financiero para llevarse a cabo, además de la aprobación social pues ha sido rechazada desde que se anunció como una solución para sustituir los costos de la transportación de agua del acueducto Río Colorado-Tijuana a través de un proceso de deslacoón de agua de mar.
El consorcio formado por tres empresas recibiría pagos de 149 millones 312 mil pesos mensuales durante 37 años y al concluir pasaría a ser propiedad del gobierno estatal con un costo total de 76 mil 740 millones de pesos.
Con el número de partida 79912, en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2019 se designó un recurso anual de 319 millones de pesos para «Provisión para Acciones, Apoyos y Obras para necesidades Extraordinarias» que de acuerdo a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la diputada panista Irais Vásquez Aguiar se destinarán 185 millones únicamente para el pago de garantías y contraprestaciones de las APPs y el contrato plurianual del C5i.
A finales de septiembre del año pasado, en la glosa del 5to informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarollo Urbano (SIDUE), Alfonso Padres Pesqueira informó a los diputados que la obra de la Desaladora tenía retrasos y estaba en una «revisión financiera» por parte de la empresa.
Entre las complicaciones, responsabilidad únicamente de la empresa Consolidated Water, están que fueron mal proyectadas las tasas de interés, pues cuando se licitó y se dio em falló de la obra por la vía de APP, la tasa de interés estaba entre 3.5 y 3.8, y ahora ha sufrido un aumento del 100%.