Octavio Fabela Ballinas/EBC
TIJUANA.- Luego de que ayer se declarara desierta la licitación para la reestructuración de la deuda soberana del gobierno de Baja California, el Consejo Coordinador Empresarial mantendrá vigilancia para que se revisen los términos en que se firmaron los contratos de Asociaciones Público Privadas pues sostiene que tienen inconsistencias.
El decreto 335 aprobado por el Congreso del Estado incluye la reestructuración millonaria de la deuda del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y los contratos para varios proyectos que son considerados excesivos por el empresariado, el primero de los puntos debe finiquitarse el último día de este mes y todo indica que ya no habrá tiempo para una nueva licitación.
El presidente del CCE en Tijuana, Gabriel Camarena Salinas en entrevista expuso que “el asunto de la reestructuración de la deuda pública parece estar concluido; es decir que todo indica que no se realizará en los términos que se planteó en un inicio, aún falta resolver el asunto de las Asociaciones Público Privadas (APPs), donde el recurso legal que promovido para detenerlo, continuará”.
«Nosotros terminamos en el proceso, sobre todo en el de refinanciamiento. En lo que nos quisiéramos concentrar es en las APPs, y también en el gobierno entrante obviamente debe de poner mucha atención en cómo va a, en este caso mejorar los procesos de las APPs si es que se da», expresó.
Uno de ellos es la desalinizadora de Rosarito, cuyo financiamiento podría ocasionar un aumento al recibo del agua del 30 al 35 por ciento, además de que la producción de agua desalada, de acuerdo a expertos, sobrepasa su capacidad.
El otro tema, abundó el presidente, tiene que ver con el segundo nivel del bulevar Zapata, en la ciudad de Tijuana, que compromete a la garantía de un aforo de 23 mil autos diarios, y en caso de no utilizarse es el gobierno quien tendría que resarcir o pagar.
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